Una resolución para investigar la transacción entre el Gobierno y Doral Financial Corporation que dio paso a la disputa por $229 millones ocupó este lunes el grueso del debate legislativo en la Cámara de Representantes, a pesar de que ese cuerpo investiga hace semanas el asunto.

La Cámara le dio paso en votación partidista a la Resolución de la Cámara 1071, de la autoría del representante popular José Báez, quien como presidente de la Comisión cameral de Seguridad Pública ya ha celebrado varias vistas públicas sobre el polémico acuerdo mediante el cual la matriz de Doral Bank le exige al Departamento de Hacienda el multimillonario reembolso.

Hasta el momento, la comisión legislativa que encabeza Báez había fundamentado su investigación en la Resolución de la Cámara 375, que faculta a ese organismo a evaluar cualquier asunto relacionado con la seguridad pública del País.

"La resolución general que usan las comisiones para hacer investigaciones inmediatas me da la jurisdicción completa para investigar... El hecho de que sea amplia precisamente lo que está aceptando es que se me están dando todos los poderes. Esto es para buscar armonía y que no se politice el asunto, y que los compañeros de la minoría participen en los trabajos de la comisión", dijo a este medio Báez.

El legislador del Partido Popular Democrático (PPD) mencionó que durante la última vista pública sobre el tema, el representante Ángel "Gary" Rodríguez argumentó que la Comisión de Seguridad Pública no tenía jurisdicción para examinar el acuerdo entre el Gobierno y Doral porque la resolución en que basaban las audiencias era muy general.

Sin embargo, el presidente cameral, Jaime Perelló, aclaró a este medio que la delegación de mayoría determinó presentar una legislación que abordara específicamente el asunto de Doral porque algunas de las personas que han sido citadas a comparecer a las vistas han planteado igualmente que la comisión no tiene jurisdicción sobre la materia, y han advertido sobre la posibilidad de impugnar el proceso legislativo en los tribunales.

"No voy a permitir ningún subterfugio que me detenga la investigación", señaló Perelló en entrevista con este medio.

El líder cameral no quiso precisar quiénes se han resistido a comparecer a las audiencias públicas amparados en el argumento de falta de jurisdicción, pero este medio supo que uno de ellos es el exsecretario de Hacienda, Jesús Méndez, una de las figuras involucradas en la controversia. Al cierre de la sesión, Báez anticipó que el exfuncionario fue citado a deponer este jueves.

El extenso y agitado debate sobre la medida se prolongó por más de dos horas, tiempo durante el cual los representantes de ambas delegaciones se lanzaron ataques de índole político-partidista, y adjudicaron culpas sobre asuntos que poco tenían que ver con la transacción de Doral y el Departamento de Hacienda.

Durante la sesión, también se aprobó la Resolución de la Cámara 1079 para "expresar el más enérgico rechazo y repudio" de ese cuerpo legislativo a la "infundada campaña de descrédito lanzada en contra del Gobierno por la organización conservadora American Future Fund".

La pieza legslativa presentada este lunes por la delegación del PPD hace referencia a los anuncios publicados en medios en Estados Unidos, como el Wall Street Journal. La resolución rechaza sus pronunciamientos, y afirma que responden sólo "a intereses particulares y ajenos al bienestar del pueblo de Puerto Rico".