Caguas- La secretaria del Departamento de la Familia, Idalia Colón, aseguró que esta misma semana estará en posición de tomar medidas disciplinarias contra los empleados señalados en el manejo de las 47,000 querellas de maltrato de niños y envejecientes que fueron cerrados administrativamente sin ser atendidos correctamente.

Colón informó que la investigación administrativa que llevó a cabo la agencia ya fue finalizada y el informe con recomendaciones entregado.

 "Antes de que termine esta semana, entre hoy (martes) y mañana (miércoles), está la determinación final", anunció Colón en un aparte con este medio durante la inauguración del Proyecto Redes de Apoyo Familiar y Convivencia Comunitaria en el barrio Beatriz de Caguas.

Colón fue firme en sus expresiones y confirmó la información ofrecida la semana pasada por la senadora Rossana López, presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social, de que hubo un esquema para cerrar administrativamente los referidos.

 "No hay duda que hubo planificación para llevarlo (esquema) a cabo", subrayó Colón.

No obstante, al igual que López, Colón no pudo vincular directamente a la exsecretaria del Departamento, Yanitsia Irizarry con el esquema.

Sin embargo, sí fue muy crítica al observar que debió estar al tanto de lo que ocurre en su agencia, sobre todo con un patrón de este nivel.

 "Nada me indica con nombre y apellido que ella dio instrucciones directas para que se llevara a cabo, pero no hay duda de que si tú eres la directora y se llevan a cabo todas esas directrices y tú no te enteras, eso es una ineptitud", enfatizó Colón.

"Si se dio de esa manera, eso implica negligencia", continuó.

 La secretaria explicó que los empleados implicados en el esquema podrían enfrentar desde una amonestación escrita hasta la destitución.

 "Ya nosotros tenemos la recomendación de nuestro investigador en la parte que tiene que ver con la investigación administrativa y ya estamos en posición, una vez tengamos el informe completo del Senado con todos sus anejos, declaraciones juradas, de tomar las medidas disciplinarias que pueden ir desde la amonestación verbal hasta la destitución", añadió Colón al explicar que está a la espera del informe del Senado para corroborar que ambas investigaciones estén en sintonía.

 Los empleados señalados en el informe de la investigación del Senado fueron: Olga Ribas, administradora auxiliar de protección, preservación y fortalecimiento familiar de la Administración de Familias y Niños (Adfan); Glysette Rodríguez, secretaria auxiliar de planificación de informática; Rafael Cruz, director de sistemas de información; Rossie Sánchez, exoficial de prensa de la agencia; María Cancio, directora asociada de la región de Bayamón; Denisse Hernández, directora de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIE) de Mayagüez; y José Crespo, trabajador social de UIE de Mayagüez.

 De esos siete empleados, dos ya no están con la agencia. Ribas, quien ahora trabaja en Oficina de Seguridad Interna del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE-HSI) y Rodríguez.

Colón aseguró que de los cinco empleados restantes ninguno trabaja actualmente asuntos relacionados con niños.

 "Las personas que estaban trabajando directamente con el servicio a menores ya fueron reubicados en otras posiciones que no tienen que ver nada con menores", dijo Colón al referirse a Cruz y Crespo.

 Mientras, Cansio y Hernández están acogidas a licencias de vacaciones y enfermedad, respectivamente. Santiago fue ubicada en un programa de prevención de Adfan.

La titular dijo que en el caso de las personas que ya no están trabajando en la agencia de ser necesario serían referidas a la Oficina de Ética Gubernamental.

"Ya nosotros tan pronto recibamos el informe (del Senado) tenemos toda la información para proceder con las medidas disciplinarias", reiteró la secretaria.