Familia necesitará $16 millones para investigar las 42,000 querellas

01/09/2013 |07:50 p.m.
La agencia evalúa actualmente algunas partidas internas de las que puedan allegar los fondos.

El Departamento de la Familia urge identificar $16 millones y contratar una cantidad indeterminada de recursos externos para poder investigar las poco más de 42,000 querellas de maltrato que quedaron pendientes al concluir su término la pasada administración gubernamental.

Con ese objetivo, la agencia formalizó hoy un acuerdo con la Cámara de Representantes mediante el cual ese cuerpo legislativo asignará $1 millón proveniente de las economías que el presidente cameral entrante, Jaime Perelló, ha conseguido y las que espera obtener mediante diversas medidas administrativas y la reforma legislativa que entraría en vigor el próximo año fiscal.

Sin embargo, según la nominada secretaria de la Familia, Idalia Colón, con el dinero que asignará la Cámara solo podrán investigar 2,000 de las 42,000 querellas, si se toma en cuenta que el gasto promedio por procesar un caso, desde la investigación hasta la vista judicial de custodia, de ser necesaria, oscila entre los $300 y $385 por menor.

Por ello, la agencia evalúa actualmente algunas partidas internas de las que puedan allegar los fondos, y revisa cada una de las querellas para determinar cuáles requieren atención prioritaria y evaluar cuántas podrán ser manejadas por el personal interno.

Una vez concluya ese análisis, Colón conocerá cuántos trabajadores sociales, técnicos y choferes tendrá que contratar para completar la investigación de los casos, proceso que podría tomar entre seis meses y un año, según sus estimados. La agencia cuenta con 1,057 trabajadores sociales, 580 técnicos y 260 supervisores.

Respecto al número de querellas que presuntamente fueron archivadas por la administración de la exsecretaria Yanitsia Irizarry, la designada Colón explicó que, hasta el 7 de diciembre pasado, en el sistema en el que se recogen los casos habían 42,143, y hace unos días las diez regiones que integran el Departamento reportaron 31,104.

Señaló que, a base de su experiencia, es imposible que se investigaran cerca de 11,000 querellas en menos de un mes, y aseguró tener evidencia de instrucciones impartidas mediante correos electrónicos por la pasada administración para que se cerraran algunos casos sin investigar.

"De un cernimiento aleatorio mínimo, pudimos constatar que hubo cierres sin seguir el procedimiento adecuado", dijo Colón durante una conferencia de prensa tras reunirse durante una hora con Perelló en la sede de la agencia.

“Aquí hubo una negligencia crasa. Tomaron unas decisiones sin seguir los protocolos”, añadió Colón, quien es trabajadora social de profesión.

Destacó que algunas de esas querellas cerradas correspondían a casos de "riesgo mayor".

Con el análisis preliminar de las querellas, peritos del Departamento de la Familia buscarán identificar aquellos casos de mayor vulnerabilidad, que incluyen los que involucran menores de 0 a 7 años de edad, aquellos con alguna incapacidad, familias con antecedentes en la agencia, y los que reporten incidentes de abuso sexual, maltrato físico, violencia de género y explotación. Esos serían los casos que primero investigarían, indicó la funcionaria designada.

Colón precisó que, de las querellas que se presentan ante su Departamento, entre el 30% y el 35%, tienen base para que los trabajadores y técnicos intervengan. Advirtió que la cifra de 42,000 querellas podría disminuir porque, en ocasiones, se han presentado hasta cinco querellas por incidentes en una misma familia.

El compromiso suscrito por Perelló incluye también referir al representante José Báez para que colabore con el grupo de trabajo especial que manejará esta situación en el Departamento de la Familia. La senadora Rossana López se sumará también a la iniciativa por separado.

“La pasada administración dejó de investigar querellas. Lo elevó a 42,000 querellas. Este es un problema bien serio donde todos los recursos del estado tienen que ir a identificar esos casos”, subrayó el líder cameral entrante.

Según la secretaria de la Familia designada, cuando el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá dejó el poder en el 2008, el número de querellas pendientes no llegaba a 600, que es el promedio de casos que se acumulan mensualmente.

Colón dijo que solicitará la colaboración del Departamento de Justicia, cuyo secretario designado Luis Sánchez Betances, adelantó esta semana que investigará el manejo que la pasada administración dio a las querellas de maltrato para fijar las responsabilidades correspondientes.

El aparente mal manejo administrativo de la exsecretaria Irizarry podría también poner en peligro los millones de dólares que recibe el Departamento de la Familia por parte del gobierno federal, según Colón, pues tienen que presentar sus planes y rendir informes sobre los programas que utilizan los recursos del gobierno estadounidense.