La Federación de Maestros (FMPR) llamó este jueves a los padres, estudiantes y maestros a boicotear las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA) por considerar que son un “engaño” que solo promueven la privatización de las escuelas públicas.

La presidenta del gremio, María Elena Lara Fontánez, acompañada de otros líderes de la Federación, afirmó que esas pruebas no miden los logros del aprendizaje, evalúan aspectos que no se enseñan en los salones y hasta cierto punto se han convertido en un “maltrato institucional” contra los alumnos.

“Que utilicen el boicot como mecanismo para protestar por la imposición de un sistema que no es confiable, que es injusto y que lo que promueve es la privatización de las escuelas del País”, solicitó Lara en conferencia de prensa realizada en la sede de la Federación en Río Piedras.

Las PPAA están programadas para comenzar mañana, viernes. El proceso de suministrarla a los estudiantes de tercer a octavo grado, así como a los de undécimo grado, culminará el viernes, 2 de mayo.

Según detalló la maestra jubilada, uno de los principales problemas de las PPAA es que “los ejercicios de prueba no van a la par con el contenido que se cubre en el salón de clases”.

 Pero más allá de este desfase, Lara criticó que el Departamento de Educación promueva que los maestros utilicen diversos métodos de aprendizaje para evitar que los alumnos se “embotellen” el material y que terminen midiéndolos a través de una prueba estandarizada.

Asimismo, Lara señaló que los problemas se tornan peor en las escuelas cuyos estudiantes no pasan las PPAA. Dijo que a los maestros se les obliga “a enseñar para pasar la prueba, aunque se dejen a un lado las destrezas fundamentales del grado”.

“Formar autómatas para llenar burbújas parece ser más importante que contribuir a la formación integral de un ser humano”, denunció.

Otro aspecto que los miembros de la Federación reprocharon es que las PPAA no toman en cuenta las necesidades especiales que tienen las escuelas. A modo de ejemplo, informaron que en la escuela Severo Colberg de Cabo Rojo no hay maestro de inglés desde agosto del año pasado y que en la escuela de Quebrada Larga en Añasco no hay maestro de sexto grado desde febrero de este año.

 La vicepresidenta de la FMPR, María Meléndez, alegó que han identificado a otras 40 escuelas con problemas de personal en las materias que se miden en la PPAA: español, inglés, matemáticas y ciencias.

“¿Cómo vamos a someter a unos estudiantes a una prueba que ni tan siquiera han tenido maestro?”, cuestionó la vicepresidenta de la Federación, María Meléndez.

 Otros de los problemas mencionados por los miembros de la Federación es que a los estudiantes ciegos le suministran una prueba en un código Braille avanzado que aún no se enseña en Puerto Rico.

“¿Por qué entonces ofrecer unas pruebas a sabienda de que los estudiantes no la van a aprobar? Sencillo, porque quieren desprestigiar la escuela pública ante los ojos del pueblo para facilitar la privatización de la misma. La implantación de las pruebas proviene de las disposiciones de la Ley 'No Child Left Behind'. Esta ley se aprobó en el 2002 con la clara intención de abrir el mercado del sistema escolar de Estados Unidos a la voracidad del capital privado a través de la implantación de las escuelas charter”, argumentó Lara.

Añadió que en la Isla se contratan a compañías privadas a las que se les paga hasta $2 millones anuales para adiestren al personal de las escuelas cuyos estudiantes no pasan la prueba. Alegó que estas “se encargan de garantizar que se enseñe para pasar la prueba”, lo que cree es un “derroche” de fondos federales.

Por último, Lara aceptó que debe existir en el sistema de educación pública un método para evaluar el aprendizaje. No obstante, opinó que se debe establecer “con plena participación de las comunidades escolares”.