Claudio fue enviado a Peñuelas por el juez federal Gustavo Gelpí, quien supervisa la Reforma de la Policía, y conversó por espacio de dos horas y media con residentes de las comunidades Seboruco y Tallaboa, aledañas al vertedero. 

Esto, a raíz de los encontronazos –algunos violentos- que se han reportado recientemente entre manifestantes, policías y los camioneros que transportan a Peñuelas las cenizas provenientes de la planta AES de Guayama.

Claudio les informó a los vecinos que redactará un informe con recomendaciones al juez Gelpí, con copia al superintendente de la Policía, José Caldero, para que se tomen acciones correctivas.

La coronel Clementina Vega Rosario, directora de la Oficina de la Reforma de la Policía, también participó del encuentro en Peñuelas y le presentará su propio informe a Caldero durante una reunión que sostendrán hoy por la mañana.

En esa reunión deberá estar presente el coronel Héctor Agosto, comandante del área de Ponce y quien ha estado a cargo de manejar la estrategia policiaca durante las protestas efectuadas en la entrada del Peñuelas Valley Landfill, operado por EC Waste.

Revisión colectiva

El campamento de vecinos está  establecido en la carretera 385, a la entrada del vertedero, en protesta por el depósito de cenizas de carbón. 

La oposición nace de la existencia de una ordenanza municipal que prohíbe la práctica, que ha generado varios casos judiciales, y por los daños a la salud humana y al ambiente que se le atribuyen a las cenizas. 

Durante el diálogo, la recomendación principal del Asesor Técnico de Cumplimiento de la Reforma fue establecer un punto de cotejo cercano al vertedero, que cuente con representación de todas las partes y abogados.

Los manifestantes exigieron que se incluya a funcionarios del Municipio de Peñuelas y de la Comisión de Servicio Público, que regula a los camioneros.

La idea de Claudio es que los camiones se detengan en esa área y muestren los conduces, que son los documentos que describen el tipo de carga que llevan. 

Ahí se sabría si llevan cenizas livianas (fly ash)  o cenizas húmedas (rockash) que la AES comercializa bajo el nombre de Agremax, y cuyo depósito en Peñuelas está prohibido por una orden judicial.

“Si se hace lo que se llama una verificación, se dice si (el camión) está clear y pasa”, dijo Claudio luego de preguntarle a José Manuel Díaz, portavoz de la comunidad, qué camiones están dispuestos a dejar pasar.

El líder comunitario reiteró que no dejarán pasar ningún camión que lleve cenizas o sus derivados.

“Nosotros estamos de acuerdo siempre y cuando se garantice que se haga cumplir la ordenanza municipal, que es no cenizas”, afirmó Díaz, a lo que Claudio respondió con un “ok”.

Sin embargo, habrá que ver qué dice la Policía, pues el juez superior Erick Ronda del Toro le ordenó garantizar el paso de camiones con cenizas al vertedero.

La División Legal de la Policía confirmó a Primera Hora. la semana pasada, que continuarán ejecutando la orden hasta que otra cosa disponga un tribunal estatal de mayor jerarquía. 

Esto, a pesar de la decisión del juez federal Francisco Besosa, que desestimó una demanda de EC Waste para declarar ilegal la ordenanza municipal de Peñuelas y que los manifestantes han interpretado como una validación de la misma. 

De hecho, el teniente coronel Carlos Miranda, comandante auxiliar del área de Ponce, estuvo al principio de la reunión y le indicó a Díaz que “nosotros entendemos su punto, pero tenemos una orden del tribunal y tenemos que seguir las órdenes”;  Claudio no se expresó sobre esa declaración.

 “Yo considero que eso debe ser parte de los temas que se van a trabajar mañana (hoy) en esa reunión (con Caldero), tener un diálogo saludable y que armonice los respectivos derechos que tienen los manifestantes y  EC Waste”, respondió la coronel Vega al ser abordada por este medio sobre cómo se dilucidará ese choque de visiones.

Múltiples denuncias

En la terraza de la casa del líder ambiental Jimmy Borrero en el sector Seboruco, una docena de residentes compartieron con Claudio una larga lista de irregularidades cometidas por los policías asignados al vertedero, conductas violentas de los camioneros contratados por la AES para transportar las cenizas y acciones impropias de los guardias privados de EC Waste.

“Esta gente ha llegado a traernos detectives privados frente a  nuestras casas. Por las mañanas nos retratan.  Le hemos dado querellas a la Policía y no hace nada. Se comprometieron a darnos los números de querella y no lo han hecho”, expresó Borrero, quien también es candidato a alcalde de Peñuelas por el Partido Independentista Puertorriqueño.

Los vecinos agregaron que esos guardias están armados y acostumbran grabarlos en medio de las protestas; Claudio dijo que buscará se determine excluirlos de esa zona.

“Estos entes no deberían estar permitidos. El problema mío es que si sucede algo tienes personas que uno no saben si están armadas, que tienen taser. Le temo más a esas personas que no están identificadas que a la Policía que todo el mundo los reconoce. Es un punto bien importante”, dijo.

Borrero sostuvo que la Uniformada tampoco quiso tomar querella el miércoles pasado, cuando William García Maldonado fue presuntamente impactado por un camión y su madre Ivonne Maldonado fue golpeada por el chofer. 

“El mismo policía no quiere ir a la corte porque como se va  a retirar dice ‘yo no quisiera estar en este caso’, y nos dijo  que si no hubiésemos hecho nada no tendríamos este caso”, contó.

En un incidente previo donde otro manifestante fue golpeado por un camión,  “el capitán Rivera, de Ponce, le dice al policía a cargo ‘olvídate, que fue él el que se le metió al medio’”, indicó Borrero.

Además, el candidato pipiolo relató que el  19 de julio fue arrestado selectivamente en medio de un operativo policial que viabilizó la entrada de cuatro camiones al vertedero. 

“No habían puesto vallas, no habían llegado los camiones y viene el teniente Miranda y me dice ‘tú eres Jimmy Borrero, tú estás arrestado’. Y por eso yo me tiré al suelo”, señaló.

Otros dos vecinos dijeron que ese día el teniente Javier Requena, jefe de la Unidad Motorizada de Ponce, los provocó con codazos y golpes a los pies, y que cuestionó por qué lo grababan.

Otra querella que la Policía no tomó fue sobre el incidente del 28 de marzo, donde un representante del vertedero supuestamente ordenó a los camioneros  “que le pasaran por encima a los manifestantes”.

Los residentes también  denunciaron amenazas recibidas en la página de Facebook del grupo “El pueblo que trabaja se respeta”.

Claudio verbalizó que se tiene que hacer cumplir la Ley 22 para que los camioneros no entren a exceso de velocidad al vertedero, y favoreció que se les notifique a los vecinos cuándo vienen los camiones.

“Son muchas las cosas y muchas las incógnitas que han pasado aquí. Yo llego como un nuevo ente, entiendo su preocupación. Lo que le digo es que hay una apertura ahora y tiene que llegar a algún sitio”, dijo.