Ponce.– La crisis en las arcas públicas “no es excusa” para privar a la Rama Judicial de un presupuesto suficiente para administrar la justicia y asegurar el balance de poderes en el gobierno, sentenció hoy la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta, durante la lección magisterial que impartió en la Pontificia Universidad Católica.

Por el contrario, aseguró que en medio de la estrechez fiscal, la autonomía presupuestaria y la independencia judicial cobran aún mayor importancia, toda vez que los juzgados son el único foro al que pueden pedir auxilio los ciudadanos y negocios que vean violados sus derechos. 

“La protección al debido proceso de ley, al igual que la de los demás derechos humanos, no es prorrogable, no es susceptible de ser suspendida aún en época de crisis”, puntualizó la togada en su cátedra titulada “La Justicia en tiempos de retos”. 

Por ello, aprovechó su alocución académica para enviar un llamado alto y claro a las Ramas Ejecutiva y Legislativa que ya están confeccionando el próximo presupuesto del año fiscal 2015-16: “Asuman su responsabilidad de no permitir que la Rama Judicial, que representa el fiel de la balanza de nuestro sistema de gobierno, deje de ser efectiva en el cumplimiento de su misión constitucional”. 

“¿Qué tipo de país queremos para nuestros descendientes? Si permitimos que nuestro sistema de tribunales se erosione, luego será mucho más costoso y difícil recuperar no solo el equilibrio constitucional, y la confianza del pueblo en su judicatura, sino el desarrollo económico y social de nuestro país”, reflexionó.

“No estoy exagerando cuando afirmo que nuestra posibilidad de convivencia pacífica y productiva como pueblo depende de esto”, puntualizó la jueza presidenta. 

Fiol Matta, echando mano al rigor que ha caracterizado su trayectoria jurídica y académica, documentó su lección magistral con infinidad de instancias concretas y citas de estudios socioeconómicos para sustentar tal afirmación. 

Por ejemplo, indicó que la insuficiencia presupuestaria ha impactado sistemas judiciales en Estados Unidos al punto que en grandes ciudades de California, como San Diego o San Francisco, un divorcio amigable puede tomar un año antes de figurar en calendario. Impugnar un boleto de tránsito puede tomar nueve meses. 

“En el estado de Florida se estima que el retraso en casos de los tribunales tiene un costo de $17,400 millones anuales”, agregó.

Entretanto, en Puerto Rico, con la aprobación de la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno en 2014, el poder judicial sufrió un recorte de $54 millones que ya ha impactado adversamente las operaciones y el ritmo con el que se atienden las 628,000 situaciones que los tribunales atienden cada año. 

Para torear el impacto, la Rama Judicial redujo 11% su nómina, congeló plazas, ordenó recesos parciales de operaciones, detuvo construcciones necesarias y hasta aplazó planes para establecer más salas especializadas de violencia doméstica, entre otras medidas. 

Pero no hay de dónde más cortar. “Tengo que señalar que todas las medidas que estamos tomando no son suficientes para encarar el impacto del recorte presupuestario”, admitió.

“Invertimos nuestros recursos en la prestación de servicios directos esenciales”, subrayó la jueza.

“La congestión de los calendarios, qué mucho se critica. Pero se va a poner peor. Si no hay espacio en el calendario para ver un asunto o tiempo humano para redactar órdenes o sentencias y notificarlas, se puede afectar la agilidad con la que se atienden las órdenes de protección en casos de violencia doméstica o las revisiones de custodia de menores”, presentó cómo dos instancias palpables en la que las medidas de austeridad minan la seguridad pública y el bienestar de los más débiles. 

Fiol Matta lamentó la congelación del proyecto para someter por internet los documentos de casos judiciales

“Esto es muy triste e impactante: tuvimos que suspender SUMAC (Sistema Unificado de Manejo de Administración de Casos). Literalmente no tenemos el dinero”, lamentó sobre la congelación del proyecto para someter por internet los documentos de casos judiciales. 

El proyecto habría disparado la transparencia, porque permite acceso por la red a los movimientos y mociones de los casos, como sucede en la esfera federal. Además, indicó que habría traído significativos ahorros en materiales de oficina, envíos por correo y espacio de almacenaje.

Golpe económico

En materia económica, Fiol Matta hizo hincapié en que los retrasos en los tribunales tienen efectos nocivos en el ambiente de inversión y en la economía en general.

Esto responde a que los casos criminales tienen prioridad en calendario, debido a que hay que cumplir términos para salvaguardar los derechos de acusados y víctimas. En cambio, si hay reducciones de personal o de horario, las controversias comerciales, que a menudo son de índole civil, pasan a un segundo plano.

“Los pequeños negocios, que a menudo dependen de que los tribunales hagan valer sus contratos, pueden verse seriamente afectados”, mencionó. 

Además de las consecuencias en partes interesadas, “se ha demostrado con evidencia empírica que la percepción de independencia judicial guarda una correlación directa con el desarrollo económico de los países”, expuso. 

¿Y el acceso a la justicia? 

La jueza presidenta criticó el hecho de que se hable mucho de “acceso a la justicia” sin detenerse a pensar en que socavar el presupuesto de la Judicatura pone en peligro múltiples programas ya establecidos precisamente para que las poblaciones más vulnerables tengan una puerta de entrada a los tribunales cuando lo necesitan, aunque no tengan suficientes recursos económicos o intelectuales. 

“¿Qué vamos a hacer con los programas de acceso a la justicia? ¿Han oído cómo se habla tanto de acceso a la justicia? Es como un mantra. ¿Pero qué vamos a hacer?”, lanzó cómo desafío.

Entre los servicios que procuran nivelar el acceso al sistema judicial figuran las Cortes de Drogas, las salas integradas de familia y menores, la intervención de trabajadores sociales, los Centros de Mediación de Conflictos, el Protocolo de atención para personas sin hogar y los Centros Pro se, para someter recursos por derecho propio. 

“Todos estos servicios promueven el acceso a la justicia. Todos operan en beneficio del orden social”, subrayó.

“Las tres ramas de gobierno tienen la obligación afirmativa de remover cualquier obstáculo económico o financiero que impida el acceso a los tribunales”, finalizó la jueza presidenta, quien reafirmó que – de cara a la discusión del nuevo presupuesto - dedicará todo el esfuerzo y tiempo que pueda para llevar el mensaje de que la Rama Judicial “no es una agencia más”, sino uno de los pilares de la democracia.