El gobernador Ricardo Rosselló firmó hoy una ley que permitirá al gobierno recobrar las reclamaciones fraudulentas hechas a programas, contratos y servicios del gobierno, cumpliendo así con una exigencia del gobierno federal relacionada con los fondos de Medicaid.

Según se explicó, además de crear un mecanismo de recobro civil para las reclamaciones fraudulentas, la ley también crea una oficina dentro del Departamento de Justicia, la Unidad de Control de Fraude la Medicaid, para atender las reclamaciones de fraude.

“Con esta medida, cumplimos los requisitos necesarios para poder ser recipientes de fondos adicionales, al comprometernos a fiscalizar y procesar a aquellas personas que utilizan incorrectamente el Medicaid”, dijo Rosselló.

La apertura de la Unidad de Control, junto con el establecimiento del Sistema de manejo de Información de Pacientes (MMIS, en inglés), permitirán a Puerto Rico recibir la asignación de un paquete de $1,200 millones.

“Esto nos permite tener una unidad y una estructura legal para poder atender estas reclamaciones”, comentó el gobernador.

La nueva ley establece como delito grave el fraude al Medicaid y otros programas y agencias del gobierno. Según explicó la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, el gobierno ha perdido miles de millones de dólares por las reclamaciones falsas, que incluían diversas maneras de estafar como tratamientos que no corresponden, hacer pagos indebidos o someter información falsa. Afirmó que los implicados en el fraude actuaban con completa impunidad ante la falta de leyes para evitarlo.

“Todas las modalidades son delitos graves. La persona que mienta al Medicaid para recibir un servicio se expone a la comisión de un delito grave. Todo aquel proveedor, compañía, que haga pagos indebidos con conocimiento se expone a delitos graves, inclusive la pérdida de su certificación como compañía de seguro. Así de fuerte y robusta es esta legislación”, afirmó Vázquez.

Las cifras citadas durante el anuncio revelan una incidencia de fraude al Medicaid de 33% en Puerto Rico, muy por encima del promedio de fraude en otros estados, donde le promedio de fraude es de 18%. El gobernador, no obstante, dijo que esperaba que los casos de fraude disminuyeran una vez entren en vigor estas medidas de control y vigilancia.

La ley incluye una disposición particular para que cualquier persona pueda actuar como delator y denunciar cualquier acto fraudulento.

La ley, sin embargo, no incluye no cubre los fraudes cometidos contra entidades e individuos fuera del ámbito gubernamental.