Pasan la página a controversial nombramiento.

El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Ricardo L. Ramos Rodríguez, no insistirá en impulsar el nombramiento de Pedro Morales González al cargo de subdirector de la corporación pública, esto en medio del revuelo causado por la vinculación del designado al caso criminal contra Jorge de Castro Font.

La directora de Recursos Humanos de la AEE, Astrid Rodríguez Cruz, dijo esta tarde que el director Ramos Rodríguez se encuentra actualmente en el proceso de entrevista “a otros candidatos” para el cargo de subdirector.

“No es el ingeniero Morales”, dijo la funcionaria al ser cuestionada sí el director ejecutivo insistirá en Morales por una tercera ocasión. “Se continúa entrevistando a otras personas, y en su momento el director hará la designación de la persona que ocuparía el cargo como subdirector”, añadió.

Ramos Rodríguez trajo en dos ocasiones el nombramiento de Morales González ante la Junta de Gobierno de la AEE, la más reciente el sábado pasado, y en ambas ocasiones la junta le votó en contra, en parte porque Morales González es la “Persona 4” del pliego acusatorio contra de Castro Font, dijo el representante del interés público de la AEE, Carlos Gallisá.

Aunque  “reglamentariamente no hay impedimento” para que Ramos Rodríguez nomine por tercera vez a Morales González “creo que sería un grave error del director traer esto otra vez ante la junta”, sostuvo.

“Sería una gran imprudencia de su parte”, agregó.

Según copia de la acusación del gran jurado contra el exsenador, esa “persona 4” contactó la oficina de De Castro Font en verano de 2006 para asegurar la renominación de su esposa para jueza. Según el documento, esa “persona 4” realizó un acto de recaudación de fondos ascendente a $10,000 a cambio de que el senador apoyará a su esposa y le entregó pagos en efectivo al entonces presidente de la comisión de reglas y calendario ascendentes a $2,500.

La jueza fue confirmada, pero renunció al trascender su nombre en relación al senador, dijo Gallisá, .

Daniel Rodríguez, portavoz de la Administración de Tribunales confirmó que Medina Sotomayor no es en la actualidad miembro de la judicatura.

Gallisá, por su parte, expresó sorpresa por lo cerrada de la votación de la junta, 4 a 3 en la primera ocasión y 4 a 5 en la segunda. Dijo que uno de los que votó a favor de la confirmación afirmó que entendía que había que darle la oportunidad al director ejecutivo de nombrar a la persona que él quería como subdirector, puesto con un salario reciente de $142,000.

“Creo que una persona que ha estado involucrada en un caso tan sonado como ese, y es parte de una gran corrupción en el gobierno no responde a las expresiones de política pública del gobernador (Ricardo) Rosselló de atacar la corrupción”, sostuvo Gallisá. “Estamos cumpliendo con la política pública del gobernador de cero tolerancia a la corrupción”, expresó.

Pero, no es el único nombramiento cuestionable de Ramos Rodríguez desde que asumió el cargo de director ejecutivo, según Gallisá. También trató de nombrar como asesor legal personal a Francisco Santos, una persona que fue acusada por delitos relacionados a la AEE aunque los cargos fueron desestimados, pero que demandó a nivel civil a la corporación pública.

“Se le trajo a la atención al presidente de la junta que nos parecía un grave error, el presidente de la junta, Luis Benítez, le comunicó al director que ese nombramiento no podía hacerse porque había un gran conflicto de intereses”, sostuvo.

Al respecto, la directora de recursos humanos de la AEE negó que Santos, empleado de la corporación pública como uno de los seis abogados de la corporación en el área laboral, vaya a fungir como asesor personal de Ramos Rodríguez porque ese cargo no existe en la empresa.

Agregó que no existe conflicto de intereses con Santos por este ser abogado de la corporación y también haber demandado a la AEE. Dijo que este tipo de controversia no es atendida por la división de asuntos laborales, sino por la de asuntos jurídicos, que cuenta con otros 20 abogados, pero además la corporación es representada en este caso por un bufete externo, Cancio, Nadal & Rivera.

Habla De Castro

Entrevistado por WKAQ, De Castro Font identificó a Morales González como “uno de los testigos en mi contra” en el proceso federal. El exsenador precisó que su entonces jefe de oficina, Rafael Rodríguez Aguayo, exsecretario del Partido Nuevo Progresista, buscó parte del dinero de su campaña primarista y electoral con Morales González, quien era representante del grupo Energéticos Estadistas en el Directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Él es un recaudador del Partido Nuevo Progresista en las agencias de gobierno”, aseguró el exsenador en la entrevista radial.

Recordó que la actividad que le organizó Morales González fue un coctel en una firma de ingenieros en Barceloneta, donde le recaudaron $10,000.

Dijo que en dos ocasiones Morales González llevó dinero a su oficina, pero aseguró que “en ningún momento me reuní con él y me dijo te voy a dar $20,000 por esto, por ayudar a mi esposa a ser juez… fue un error porque era evidente que se podía entender que las aportaciones de Pedro Morales estaban compradas, negociadas o acordadas con el portavoz de la mayoría en el Senado (él)”.

“Nunca debí de haber aceptado dinero proveniente del señor Morales”, dijo de Castro Font.

El exlegislador, quien militó en los dos principales partidos políticos del país, estuvo 5 años preso. 

En la esfera estatal, el exlegislador se declaró culpable en el 2012 de 93 cargos de extorsión, soborno, perjurio, violaciones a la Ley Electoral, apropiación ilegal por evasión contributiva y violaciones al Código de Rentas Internas por no rendir planillas de contribución sobre ingresos y por informes falsos.

El 2 de octubre de 2008,  fue acusado  de 32 cargos federales relacionados con un esquema de soborno y extorsión a empresarios y cabilderos de los que presuntamente obtuvo $525,000 a cambio de favorecer, detener o enmendar proyectos de ley en los que éstos tuvieran interés.