El gobernador Alejandro García Padilla intenta negociar que la compañía privada que administraría el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín en Isla Verde, Carolina, no despida a los empleados que laboran actualmente en esta instalación portuaria.

La aprobación final de la Federal Administración de Aviación (FAA) de la concesión de las operaciones del aeropuerto a la empresa Aerostar se esperaba para finales de diciembre o principios de enero.

Sin embargo, el expediente del caso del Muñoz Marín en el portal de la FAA indica que ahora la decisión final sobre el aval se emitiría en febrero de este año.

"El acuerdo dice que en los próximos años no puede haber un aumento en la tarifa. El acuerdo dice que los empleos de (la Autoridad de) Puertos tienen que estar garantizados. Ahora estamos trabajando para que los empleados privados también estén garantizados", sostuvo García Padilla.

El Gobernador informó que designó al nominado secretario de Estado, David Bernier, para interactuar en esa gestión del aeropuerto internacional.

García Padilla también indicó que no veía problemas en las intenciones del entrante presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, de investigar el contrato con Aerostar.

"El que haga las cosas bien no tiene nada de qué preocuparse. Siempre he dicho que los contratos bien hechos se van a honrar", afirmó García Padilla.

De forma separada, Bernier reveló que ha sostenido reuniones con las partes interesadas en la transacción, incluyendo a las personas que tiene contratos en el aeropuerto internacional.

“Yo he tratado de sentarme con las partes para garantizar que haya unos entendidos que garanticen que la transacción, si eventualmente ocurre, no tenga repercusiones en los empleos de la gente que está allí”, expresó Bernier en una entrevista radiofónica (WKAQ 580).

Afirmó que la prioridad del gobernador García Padilla es proteger empleos en el sector público y privado.

En torno a su nueva encomienda, el funcionario dijo que “la hago como mucha apertura, descargo la responsabilidad que se me da de hacer el esfuerzo máximo para que un contrato que ha sido otorgado, y que reconozco que tiene debate sobre sus méritos, pero no deja de estar otorgado en ley… tenga ninguno o el menor impacto posible en los empleos”.