El gobernador Alejandro García Padilla defendió enérgicamente la propuesta de aspirar a los Juegos Panamericanos 2023 en Puerto Rico, al reaccionar a críticas negativas sobre esa pretensión en medio de la crisis económica que vive el país.

"Les pido que lean bien (la propuesta). Los Juegos son en el 2023, no el año que viene. Estamos hablando de $200,000 millones (como costo proyectado) porque no hay que construir nueva infraestructura", subrayó.

"Los Juegos Panamericanos hacen que crezca el producto nacional bruto. Es una inversión que hace crecer la economía", agregó al validar la idea de que Puerto Rico opte nuevamente por ser sede de esas competiciones regionales que ya organizó en 1979.

Las declaraciones de García Padilla sugieron a su arribo al Caparra Country Club donde compartió con directivos y miembros del capítulo local de la Asociación de Contratistas Generales.

Combate el desempleo

 En su presentación ante los contratistas, García Padilla se centró en asegurar que la prioridad de su administración es "estimular las fuentes de creación de empleos" y destacó que "si la construcción avanza de manera responsable el país avanza".

Indicó que el desempleo es "la cara de la crisis" y lamentó la pérdida de 125,000 puestos de trabajo en el pasado cuatrienio, cuando hubo una merma de "$6,500 millones en nuestra economía".

Destacó que mediante un proyecto medular de administración referido a las cámaras se ofrecerían, entre otros incentivos económicos, subsidios de 25% en los salarios a patronos que contraten personas despedidas por la Ley 7, así como a féminas mayhores de 57 años.

Aseguró también que su gobierno está comprometido a implantar la ley que procura la revitalización de los cascos urbanos y aseguró que su administración no contempla desarrollar gasoductos, contrario a los rumores que han resurgido recientemente.

Oposición directa

Antes de ofrecer su mensaje a los contratistas, el nuevo presidente de ese gremio, Santiago Domenech Torres, reclamó enmiendas a la propuesta Ley de Empleos Ahora, para que sea clara la medición de creación de nuevos empleos.

Sobre la revitalización de los cascos urbanos, Domenech Torres pidió que nueva legislación a esos fines incluya disposiciones "prospectivas y que no impacten proyectos en desarrollo cuyo financiamiento y ejecución se hizo posible bajo las disposiciones vigentes".

Domenech Torres exigió "certeza jurídica" en los procesos y permisos gubernamentales porque cambios frecuentes paralizan las inversiones en el país. El nuevo directivo puso a disposicion del Gobernador peritos de su entidad para trabajar de forma coordinada iniciativas conjuntas.

El nuevo presidente puso en jaque a García Padilla al pedirle que no firme la enmienda al Código Penal que prohíbe categóricamente protestas en proyectos de constucción, conocida como Ley Tito Kayac. El primer ejecutivo dijo a periodistas a su salida de la reunión con los contratistas que "protestar no puede estar prohibido", pero sugirió que no se debe frenar el trabajo de obras, como no se debe impedir que él, ni ningún padre, pueda llevar a sus hijos a la escuela.

Menos burocracia

García Padilla, en respuesta a reclamos de los contratistas, aseguró que su gestión busca "romper la burocracia excesiva" que propicia, entre otros problemas, la dilación en "pagos que no están en disputa" con los contratistas.

Recordó que otros gobiernos han aprobado leyes a esos fines, "pero no han cumplido", por deficiencias, a su juicio, en implantación de autoridad y no necesariamente de insuficiencia de fondos.

También, reafirmó que este primer año de su gobierno se encaminaría el proyecto de plan de uso de terrenos. "Esa es una prioridad que no quedará postergada", aunque el asunto no está en su programa de gobierno, sostuvo.

Agregó que se desarrollaría, "siendo receptivo a los sectores que buscan proteger el medioambiente", así como a los contratistas y desarrolladores, entre otros.

Iracundo con las juntas

En Guaynabo, el Gobernador hizó énfasis en que "está incólume mi compromiso de bajar los costos energéticos", aunque a corto plazo, por acciones tomadas a fines del cuatrienio pasado, se avecina un alza tarifaria en el servicio de luz.

Mientras, después de anunciar en La Fortaleza que ha exigido nuevamente la renuncia de los miembros de las juntas de gobierno de la AEE y la AAA, dijo que si esas personas ignoran su reclamo, una legislación sobre "profesionalización de las juntas", propiciaría la reconstitución de esos organismos.

García Padilla, antes de dirigirse a los contratistas generales, reiteró su consideración de los miembros de las juntas de la AEE y la AAA actuaron de forma irresponsable en contra del pueblo.

"Por demasiado tiempo estas personas (en las juntas) han creído que mandan en la política pública de la autoridad, pero eso se acaba ahora. Esto que han hecho es una irresponsabilidad y tienen que entender que la política pública de la AEE la establezco yo y ellos no tienen en esa dirección nada que aportar", sentenció.