El gobernador Alejandro García Padilla dijo hoy que como presidente del Partido Popular Democrático (PPD) “está evaluando” la situación del alcalde de Guayanilla, Edgardo Arlequín Vélez, quien fue referido al Panel de ExJueces del Fiscal Especial Independiente (FEI) luego que una investigación preliminar del Departamento de Justicia arrojó que pudo haber cometido acoso sexual hacia una empleada.

“Es algo que lo tiene a su cargo el Departamento de Justicia”, dijo García Padilla al responder preguntas de la prensa en torno al referido. Sin embargo, al preguntársele si como Presidente del PPD le hará algún llamado al Alcalde su respuesta fue: “estamos evaluándolo”.

García Padilla contestó las preguntas cuando abordaba su carro oficial en la parte trasera del Teatro Tapia, tras ofrecer un mensaje en la XVII Asamblea Plenaria de Regulatel (Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones).

El secretario de Justicia, César Miranda, anunció ayer en una conferencia de prensa, que una querella de una empleada municipal contra Arlequín Vélez sería referida al Panel de ExJueces del FEI, organismo encargado de investigar denuncias contra funcionarios electos.

"Según se desprende de la investigación, en junio del año 2013 Arlequín Vélez dirigió palabras impropias, con alto contenido sexual y no deseadas contra la mujer, relacionadas a un tatuaje. En ese momento el alcalde pretendió mantener en contra de su voluntad a la mujer en su oficina, al cerrar la puerta con seguro", indicó en un comunicado. Posteriormente, el alcalde presuntamente hizo otros comentarios de índole sexual a la mujer, incluso frente a sus hijos.

Además del presunto delito de acoso sexual, el alcalde pudo haber violado la Ley de Ética Gubernamental, que tipifica como delito grave con pena fija de cuatro años de cárcel el que un servidor público use los deberes y facultades de su cargo para obtener cualquier beneficio que no esté permitido por ley.

El Panel de ExJueces debe realizar ahora su propia investigación y determinar si al alcalde se le deben someter o no cargos criminales.