El gobernador Alejandro García Padilla dejó claro este martes que bajo su administración los despidos de empleados públicos no tendrán cabida, ante la posibilidad de una degradación de los bonos de Puerto Rico a nivel de chatarra.

Sin embargo, fue menos específicos a la hora de rechazar un posible aumento en el por ciento del impuesto de venta y uso (IVU) o un posible recorte en la jornada laboral de los empleados públicos, como se expone en algunas de las alternativas que se esbozaron en un informe presentado por el Gobierno al Tribunal Supremo como parte del pleito que se sigue con la Asociación de Maestros por los cambios al Sistema de Retiro de Maestros.

“Despedir empleados públicos esta fuera de la mesa y eso ha sido así en mi gobierno. El gobierno de los despidos era el gobierno anterior, el penepé, ese era el de los despidos. El mío es el de los empleos. Igual, todas las medidas invasivas al consumidor, yo estoy tratando de evitarlas”, afirmó García Padilla durante una conferencia de prensa realizada en los predios del Hospital Industrial en el Centro Médico.

 El ejecutivo explicó que lo expuesto en el informe al Tribunal Supremo explica “todas las medidas que son posibles”. Sin embargo, reiteró que aún es muy temprano y hasta especulativo dirigir la mira hacia una de estas.

“Hablar de un específico es especulativo, porque se están evaluando. Hay muchas alternativas”, indicó, al volver a reiterar que los despidos de empleados públicos no serán contemplados.

 De paso, García Padilla aseguró que su administración ha tomado todas las precauciones para evitar una degradación de bonos. Por ello, afirmó que “una degradación en estos momentos entendemos que no sería justa”.

Y a pesar de que en su campaña política dijo que no le echaría la culpa a ninguna pasada administración, el líder popular culpó al exgobernador Luis Fortuño por aumentar la deuda pública.

“Se dice que hay $70,000 millones en deuda. Ni un centavo es de mi administración”, sentenció.

Luego, explicó que la administración del estadista Fortuño tomó prestado $16,000 millones y que además tuvo un ingreso de $7,000 millones en fondos ARRA (Ley de Reinversión y Estímulo Económico Federal).

“$23,000 millones que convirtieron en sal y agua y encima de eso botaron a 33,000 empleados públicos”, manifestó el primer ejecutivo, mientras que en otro momento sostuvo que “nosotros atendimos en un año lo que otros no hacían en cuatro”.

Por otro lado, García Padilla pidió a las organizaciones que agrupan a comerciantes que le exijan a su matrícula que remitan lo cobrado por concepto del IVU al Departamento de Hacienda. El comentario lo hizo al reaccionar a un estudio del economista Gustavo Vélez, publicado esta semana, que reveló que el Gobierno pierde $900 millones por la pobre captación del IVU.

“Deben hacer un llamado a sus miembros para que cumplan con su responsabilidad social con el país”, sentenció.

Dijo que otras medidas que toma Hacienda para mejorar la captación, incluye el que se publicarán los nombres de los negocios que le adeudan dinero al gobierno por retención de este impuesto.

Mientras, el ejecutivo reiteró que el IVU se encuentra bajo “una reevaluación completa”, al igual que todo el sistema tributario del País.

“Yo firmé una orden ejecutiva que nombra un comité para que evalúe todo el sistema tributario del país y el IVU es parte de ese sistema tributario. Se está evaluando si es el mejor mecanismo, si pudiera ser otro mecanismo en su lugar”, detalló el gobernador, sin especificar cuál serían las alternativas para reemplazar el impuesto.