El gobernador Alejandro García Padilla firmó este viernes la derogación de los artículos del Código Penal que tipificaban como delito protestar en obras de construcción, en instituciones educativas y de salud, y en El Capitolio.

La Oficina de Comunicaciones del Senado informó por escrito que García Padilla convirtió en ley el sustitutivo a los proyectos de la Cámara 230, 658 y 659, aprobado en la Legislatura en marzo pasado. Este medio solicitó una reacción del Gobernador, pero sus portavoces de prensa no habían contestado.

De esta manera, fueron eliminados los artículos 200, popularmente conocido como la ley Tito Kayak, 247 y 297 del Código Penal. Esas tres leyes se habían aprobado durante la administración de Luis Fortuño, y diversos sectores denunciaron desde entonces que las mismas criminalizaban la protesta en detrimento de la libertad de expresión de los puertorriqueños.

El artículo 200 establecía que ninguna persona podía impedir, temporera o permanentemente cualquier obra de construcción, pública o privada o movimiento de terreno que contara con los permisos, autorizaciones o endosos de las agencias concernidas; el artículo 297 calificaba como delito la resistencia y obstrucción de las funciones legislativas; y el artículo 247 penalizaba la obstrucción al acceso o las labores en las instituciones de enseñanza, de salud o donde se ofrecen servicios gubernamentales.

La ley Tito Kayak había sido declarada inconstitucional por el juez Eduardo Busquets Pesquera, del Centro Judicial de Ponce, en marzo pasado. El juez también desestimó los cargos contra las únicas seis personas acusadas de violar esta disposición: Robinson Rodríguez, Raúl Mari Fernández, Luis Omar García Mercado, Rose Marie Vázquez Cruz, Edwin Velázquez González y Javier Smith Torres.

El grupo fue arrestado en diciembre del 2011, por protestar la instalación de aerogeneradores sobre tierras agrícolas en Santa Isabel, y posteriormente fueron acusados de violar el Artículo 208-A, como se llamaba la ley en el viejo Código Penal.

 Busquets Pesquera resolvió de esta manera un planteamiento de derecho de la defensa del grupo de que la ley era inconstitucional debido a que violentaba el derecho a la libertad de expresión y además tenía el 'chilling effect' (efecto paralizador) que inhibe a las personas manifestarse para ejercer su derecho constitucional y exigirle al gobierno la reparación de agravios.

Celebran la derogación

El representante popular Luis Vega Ramos, autor del proyecto que derogaba la ley en la Cámara Baja, expresó su satisfacción por el cumplimiento de la promesa de campaña del Partido Popular Democrático de suprimirla.

“Agradezco al Gobernador por haber firmado nuestro proyecto para derogar la llamada ley Tito Kayak y otras dos secciones antidemocráticas y limitantes de la libertad de expresión que la pasada Legislatura había puesto en el Código Penal. Cumplimos con la palabra empeñada al país durante la pasada campaña y eliminamos las restricciones abusivas a las manifestaciones pacíficas”, dijo Vega Ramos.

Por su parte, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, quien junto a Vega Ramos sostuvo públicamente que ese artículo era inconstitucional, también celebró su eliminación.

“Estoy muy contento de que hayamos dejado esos días del oscurantismo atrás. Hoy todo Puerto Rico debe celebrar que se respete y fortalezca esa libertad. Esto es una gran victoria para la democracia. El proceso de expresión tiene que ser respetado y celebrado”, manifestó Bhatia, cuyo primer proyecto de ley presentado en enero pasado, tenía este propósito.

Mientras, el abogado Martín González, quien lideró la defensa de los acusados de Santa Isabel, siente que sus representados fueron reivindicados.

“Me siento bien emocionado. Siento que se ha hecho justicia. Derogaron una ley fascista que pretendía intimidar al pueblo. Yo me siento orgulloso de haber tenido la oportunidad de representar a estos héroes”, indicó González.

“Esto reivindica a seis ciudadanos que no son criminales, pero que los esposaron, los metieron en una patrulla y los tuvieron encerrados por 12 horas, solamente por defender la seguridad alimentaria. Se ha reivindicado a estos seis héroes de Santa Isabel”, agregó.

González destacó que este viernes a la medianoche vencía el plazo para que el Departamento de Justicia apelara la decisión del juez Busquets Pesquera sobre la inconstitucionalidad de la ley.