El gobernador Alejandro García Padilla firmó tres órdenes ejecutivas que, según anunció la Oficina de Prensa de La Fortaleza, “tendrán un impacto positivo en la sociedad puertorriqueña”.

Una de estas órdenes dispone que las agencias bajo la Rama Ejecutiva excluyan de sus Programas para la Detección de Sustancias Controladas la marihuana. Sin embargo, esta directriz no aplica a los candidatos o aspirantes a empleo en el gobierno, ya que en estos casos, la prueba para la detección de sustancias controladas es de carácter obligatorio.

Este decreto, señala la comunicación de la Mansión Ejecutiva, “reafirma el interés de la actual administración por continuar tomando acciones concretas y nuevos enfoques dirigidos a la reducción de las sanciones formales por el uso personal del cannabis”.

Añade que, en cumplimiento con la política pública establecida por esta administración en el procesamiento de casos por posesión de marihuana, en la que se establece que los mismos no son prioridad para el estado, “esta nueva orden reitera el compromiso de este gobierno de reenfocar los recursos legales del estado”.

Beneficios a confinados

Otra de las órdenes instruye a los jefes de las agencias concernientes al pleito Morales Feliciano a adoptar las medidas y suscribir los acuerdos de colaboración dispuestos por el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación tras el acuerdo de transacción logrado. Como parte de este acuerdo, se concederán beneficios por un año a los confinados encarcelados después de 1980 pero antes de 1987 que en el pasado se vieron afectados por las condiciones de las instituciones carcelarias de Puerto Rico.

Las agencias y corporaciones públicas que participarán en la otorgación de estos beneficios son el Departamento de Educación, el Departamento de Recreación y Deportes, el Departamento de la Vivienda, el Departamento de Salud, el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, el Departamento de Estado, la Oficina de Gerencia de Permisos, el Departamento de Agricultura, la Universidad de Puerto Rico y la Autoridad Metropolitana de Autobuses.

A comercializar las escuelas en desuso

De otra parte, el gobernador también firmó una orden ejecutiva para la comercialización de las propiedades en desuso del Departamento de Educación con el propósito de destinarlas a actividades que redunden en mayor beneficio de las comunidades y de la economía del país.

“Esta orden ejecutiva atiende la pobre planificación urbana y la construcción desmedida, así como el gasto innecesario en arrendamientos por parte de las agencias, municipios y demás instrumentalidades gubernamentales”, establece la comunicación de La Fortaleza. 

Consecuentemente, el secretario del Departamento de Educación deberá presentar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Tierras el inventario de las propiedades disponibles para venta el último día laborable del mes de julio de cada año.

Posteriormente, el DTOP localizará las propiedades con el fin de determinar que estas no sean de uso público y que se encuentran en condiciones para ser vendidas. Finalmente, la AT se encargará del proceso de mercadeo y venta. El beneficio de estas ventas será transferido al DE para ser utilizado en la reparación ya condicionamiento de los planteles escolares.