El gobernador Alejandro García Padilla convirtió en ley un proyecto que procura beneficiar en igualdad de condiciones a familias de escasos recursos económicos que solicitan títulos de propiedad, informó el senador Jorge Suárez, autor de la medida.

El legislador dijo que mediante la nueva ley todas las familias serán evaluadas de la misma manera al momento de tramitar la titularidad de sus terrenos.

Explicó que aunque el Departamento de la Vivienda tiene varios programas que promueven que las familias logren ser dueños de sus hogares, hay dos leyes que utilizan criterios de elegibilidad diferentes en cuanto al ingreso máximo y los créditos que se ofrecen para cualificar y recibir la titularidad de la propiedad, por la cantidad de un dólar.

Se refirió a la Ley 132 del 1 de julio de 1975, según enmendada, y la Ley 35, aprobada el 14 de junio de 1969, según enmendada. 

Ambas sirven para otorgar títulos de propiedad a las familias que ocupan viviendas enclavadas en terrenos ajenos, que pueden ser propiedad del Estado o de personas privadas.

Sin embargo, disponen criterios distintos para aprobar los títulos, situación que atiende el nuevo estatuto.

“Ambas leyes, aunque persiguen propósitos similares, utilizan criterios de elegibilidad diferentes en cuanto al ingreso máximo de las familias y los créditos que se ofrecen para cualificar, y recibir su título de propiedad por la cantidad de un dólar, observó Suárez.

La Ley 132 establece como ingreso máximo para matrimonio la cantidad de $14,400 anuales, mientras que el reglamento de la Ley 26, que no se revisa hace años, establece un ingreso máximo de $9,600 anuales, lo que dificulta la elegibilidad de algunas familias, explicó el legislador.

Con la nueva ley “estamos estableciendo igualdad de condiciones para que todas las familias sean evaluadas de la misma manera al momento de realizar las gestiones pertinentes para obtener la titularidad de sus terrenos”, destacó Suárez en un comunicado de prensa.

“Existen numerosas discrepancias en cuanto a los créditos que se ofrecen a las familias, por lo que entendemos es necesario que las dos leyes utilicen criterios similares al momento de evaluar a todas las familias que solicitan ser beneficiarias de sus disposiciones. De esta manera, le hacemos justicia a todos los puertorriqueños”, agregó.