“Nos jo...”

Esa fue una de las primeras reacciones que saltaron en las redes sociales al saberse que el gobernador Alejandro García Padilla firmó la ley que saca los “four tracks” de las carreteras de la Isla.

Dos legislaciones que enmiendan la Ley de Vehículos y Tránsito, a los efectos de regular el uso de vehículos todoterreno y prohibir su tránsito en las vías públicas, fueron convertidas en ley el lunes por el gobernador, y la  molestia de “La Plaga” era palpable. 

Primera Hora  trató de obtener la reacción de dos grupos a través de la red social Facebook, pero al cierre de esta edición nadie quiso dar una opinión formal. Las críticas, sin embargo, se amplificaban con el paso de las horas. 

En cuanto a la aprobación del estatuto, García Padilla recalcó en un comunicado de prensa que “se trata de un consenso ciudadano y político. Esos vehículos no están hechos para transitar por las vías públicas. Sus manufactureros lo entienden, y el país lo reconoce mayoritariamente”.

El Proyecto del Senado 86 amplía la definición de vehículo todoterreno para aclarar que se trata de “todo vehículo de motor de tres o cuatro ruedas con un asiento tipo motocicleta, en el que el operador monta en horquillas; con manubrio para control y manejo, con un motor de gasolina de alta eficiencia, destinado específicamente para ser utilizado fuera de las carreteras pavimentadas, mejor conocidos como offroads”.

Además, mediante el Proyecto del Senado 426  se ordena al secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a crear un registro actualizado de todos los vehículos de este tipo que se vendan en Puerto Rico, para lo que se emitirá una identificación exclusiva a cada vehículo.

La medida además, tipifica como delito no inscribirlos y prohíbe su uso en las autopistas, carreteras estatales o municipales y demás vías públicas pavimentadas.

Los dueños de “four tracks” tendrán un periodo de amnistía de 60 días para inscribir los mismos en el DTOP. Quienes incumplan con la orden  se exponen a la confiscación de los mismos, y una multa de $500. Esto también aplica a vehículos que no tengan la identificación visible o vigente. Asimismo, toda persona que vaya sin equipo de seguridad podría ser sancionada con   $250.

El uso de “four tracks” estará permitido solo en predios  destinados para su uso, así como en terrenos privados con previa autorización. También se establece que la edad mínima para operar o ser pasajero de un vehículo todoterreno de más de 100 centímetros cúbicos es  16 años.

Llueven  reacciones

Feliciano Hernández, uno de los principales defensores de los aficionados a los  “four tracks” en Puerto Rico, condenó la aprobación de la ley.

“Esto es muy lamentable. El gobernador nunca nos quiso escuchar. No nos dio la oportunidad de hablar... Puerto Rico es el país del no, de la demagogia. No se le quiso dar una oportunidad a la juventud”, sostuvo Hernández.

En entrevista telefónica con este medio, Hernández, locutor  y animador de programas televisivos en los que se presentan competencias de estos vehículos recordó que junto a otros colaboradores sometió alternativas a la Legislatura para regular el uso de los todoterreno, pero sus propuestas cayeron en oídos sordos.

“A lo mejor si nos hubieran dado una oportunidad de conversar, no nos sentiríamos tan frustrados como nos sentimos”, sentenció.

Hace varios meses, Hernández dijo en vistas públicas   que se sienten marginados y que son objeto de un marcado prejuicio de parte de las autoridades. Ante la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Transportación, el portavoz de los dueños de “four tracks” estimó que el Gobierno podría generar $30 millones anuales  de aprobarse legislación con las regulaciones propuestas por   su grupo, pero sus ideas no fueron acogidas.

Otro  que se mostró indignado fue Richard Ríos, dueño de Richard Motorcycle, en Vega Baja.

“Es absurdo. El gobierno lo único que va a lograr con eso es disuadir a los jóvenes de practicar una actividad sana y familiar”, manifestó. 

“Esto no tan solo afecta a quienes corren ya que las ventas también se han visto afectadas desde que se comenzó hablar de todo este asunto”, dijo.

Ríos señaló que las ventas de su negocio han decaído en los últimos tres meses. “De 50 o 60 clientes que recibíamos antes, ya sólo entran entre 10 y 15. Si la cosa sigue así -y ahora más con las regulaciones del gobierno- nos veremos obligados a cerrar la tienda”, apuntó.

Por otro lado, Bryan Salas, usuario de “four tracks” y residente en Isabela, apuesta a que nadie inscribirá sus vehículos. “Debió ser una tablilla y no una identificación especial. Eso nadie lo va a tramitar”.

Por su parte, Víctor M. Ramos, mejor conocido como Manolo Pistón, dueño de la pista de carreras de Añasco, asegura que “será una ley muerta”.

El empresario entiende que era mejor concederles tablilla, “porque hay sobre 100 mil máquinas a $200 más o menos, son muchos chavos que entran al erario. Eso lo hicieron para decir que metieron manos en el problema, pero en verdad no hacen nada”.

Sobre las instalaciones públicas destinadas para el uso de “four tracks”, dijo que no existe ninguna que él conozca. “No hay ninguna instalación oficial para eso, que no sea privada”.

Sostuvo que “si los chamacos están alterados con el asunto, ahora con el permiso no habrá quién los coja. Si les dan tablilla podrían multarlos”.

De otra parte  Julio Morales, un comerciante de piezas, señalo que sería considerable bajar el costo de la inscripción a $100.

Daileen Rodríguez,  Gerardo Otero y Gerardo Cordero colaboraron con esta historia.