El gobernador Alejandro García Padilla firmará y convertirá en ley el proyecto que crea la Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica, anticipó hoy, miércoles, La Fortaleza.

También endosara la pieza legislativa que establece un programa de pre-retiro para empleados públicos.

Ambos proyectos, según indicó el secretario de Asuntos Públicos, Jesús Manuel Ortiz, están ya listos para la firma del gobernador, lo que podría ocurrir en cualquier momento luego de su regreso a la Isla, esta tarde.

“Ya está en Fortaleza el proyecto que crea la Junta de Control Fiscal. Está ya listo para la firma del Gobernador. Tan pronto el gobernador regrese, en cualquier momento, podrá firmar el mismo al igual que el proyecto del pre-retiro de empleados públicos, que ya está también aquí en La Fortaleza esperando por la firma del Gobernador y podría suceder en cualquier momento a partir de su regreso, que será en el día de hoy”, expresó Ortiz en conferencia de prensa.

El proyecto para crear la Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica fue aprobado por ambos cuerpos el pasado 17 de noviembre, luego de que tanto la Cámara de Representantes como el Senado introdujeran numerosas enmiendas a la propuesta original del Ejecutivo.

La medida finalmente aprobada le otorga poderes al organismo para revisar el presupuesto gubernamental, pero establece un estricto mecanismo que limita dicha intervención para que no choque con las facultades y poderes constitucionales de la Asamblea Legislativa. 

Aunque los miembros del organismo no tendrían potestad de aprobar partidas presupuestarias, ni aplicar recortes directos en las asignaciones, sí tendrán la responsabilidad de hacer recomendaciones al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa sobre medidas para recortar gastos y aumentar ingresos de manera inmediata cuando se identifique algún déficit en una agencia pública, se explicó al aprobarse la legislación.

Este le confiere poder además al nuevo ente para “endosar” el Plan de Crecimiento Económico y Fiscal, que tendría una vigencia de cinco años. 

La medida estableció también una Reserva de Control Presupuestario, que contendría el 2.5% del total de las asignaciones de gastos operacionales y asignaciones especiales del gobierno, y esas partidas se liberarían gradualmente entre las entidades gubernamentales si la junta confirma que se ha cumplido con el presupuesto proyectado.

Cada agencia fiscalizada sometería informes trimestrales que serían evaluados por los miembros de la junta sobre los ingresos, gastos y el flujo de efectivo. En caso de que se incumplan las proyecciones de ingresos y gastos utilizadas para conformar el presupuesto, la junta supervisora emitiría un aviso a la agencia fiscalizada, y notificaría al gobernador, a la OGP y a la Legislatura, y podría “hacer recomendaciones para reducciones de gastos o aumentos de ingresos inmediatos que se consideren apropiados”.

El proyecto aprobado eliminó, por otra parte, la asignación de $1 millón mensual que se propuso para operar la junta, y establece que el ente seguirá el trámite ordinario de solicitar su presupuesto operacional a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

Por otro lado, el proyecto para el Programa de Prerretiro Voluntario que aprobó la Legislatura está dirigido a empleados públicos que cotizan en el Sistema de Retiro desde antes del 1 de abril de 1990 y que tienen 20 años o más de servicio. 

Según estimados de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y del Sistema de Retiro, cerca de 16,500 empleados cualifican para el mismo.

Los que se acojan recibirán el 60% de su retribución promedio al 31 de diciembre de 2015 hasta que cumplan los 61 años. Se les liquidarán las licencias de vacaciones y enfermedad en un plazo de 180 días y ese dinero estará exento de tributación. Además, se les pagará el seguro médico durante dos años y el patrono continuará su aportación al Sistema de Retiro, al Seguro Social y al Medicare. 

Ortiz indicó, mientras, que aún no hay fecha establecida para el inicio de la sesión extraordinaria que deberá debatir la legislación relacionada con la reorganización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Informó que siguen las conversaciones con el liderato legislativo sobre el mejor momento para hacer esa convocatoria y señaló que la intención del gobernador se mantiene en convocar una sesión extraordinaria para atender este asunto.