El gobernador Alejandro García Padilla le dio la razón este miércoles al juez federal José A. Fusté al reconocer que el Departamento de Educación (DE) enfrenta serios problemas, que atentan contra la eficiencia y el funcionamiento del sistema de educación pública, y laceran la calidad de los servicios que recibe el estudiantado.

En tanto, el secretario de Educación, Rafael Román, validó algunos puntos traídos por el juez del Tribunal Federal en una orden de interdicto preliminar, pero se apartó de su apreciación general de que la educación en las escuelas públicas es "deficiente, incompleta, vergonzosa, negligente, lamentable y no honorable".

"Estoy totalmente de acuerdo con las expresiones del juez Fusté, 100% de acuerdo con las expresiones del juez Fusté. Esa es la realidad que estamos cambiando. Es necesario cambiarla y la vamos a cambiar. Mi compromiso es transformar el DE, y ya esa transformación comenzó", señaló el primer ejecutivo.

"Claro, décadas de problemas no se resuelven en dos meses. Estoy totalmente de acuerdo con las expresiones. El juez federal Fusté, con sus expresiones, corrobora lo que les he dicho: hemos heredado unos problemas gigantes en mi Gobierno, y yo los voy a atender", aseveró.

García Padilla reaccionó a los comentarios de Fusté durante una rueda de prensa en La Fortaleza en la que, acompañado por el titular del DE, anunció que el gobierno federal autorizó la semana pasada la extensión del plan de flexibilidad aprobado el año pasado, mediante el cual se le conceden al Gobierno estatal una serie de dispensas en el cumplimiento con la ley federal "No Child Left Behind".

Mientras el gobernador hablaba sobre las expresiones del juez Fusté, Román permaneció a su lado sin intervenir ni comentar sobre el tema. Sin embargo, al concluir la actividad y ya fuera del teatro de la Mansión Ejecutiva, el secretario del DE arremetió duramente contra las críticas que el juez federal le hizo al sistema de enseñanza pública como parte del caso de una estudiante del Programa de Educación Especial cuya madre reclamó mejores servicios.

"Yo respeto la opinión del juez. Ahora, también los jueces no tienen poderes omnipotentes. Todo tiene sus límites, el departamento ha estado dispuesto a trabajar su responsabilidad, a cumplir con sus responsabilidad. Yo he estado dando instrucciones siempre de cumplir con los tribunales, pero si es cuestión de matices, los jueces tampoco en este País son intocables", manifestó visiblemente molesto.

En su orden de interdicto preliminar, el juez Fusté enumera una serie trámites que el DE deberá cumplir en el caso de la estudiante identificada por sus siglas ECC, cuyas necesidades especiales se relacionan con la condición del síndrome de Down. En caso de que la agencia incumpla, advierte la determinación judicial, los funcionarios se exponen a que se celebre una vista en su contra por desacato civil o criminal, que podría acarrear su posible encarcelamiento y otros remedios provistos por la ley.

El secretario del DE dijo que, antes de que el juez Fusté emitiera la orden, su administración ya había tomado medidas respecto al caso de la menor.

Admitió que en el DE hay áreas para mejorar, pero aseguró que en el último año el funcionamiento de la agencia ha dado señales de mejoría.

"Las expresiones del juez son las expresiones del juez. Coincidimos en el punto de vista de que hay asuntos que hay que atender y que requieren mayor urgencia. Nosotros acatamos las órdenes de los tribunales, lo hemos demostrado", enfatizó Román.