El gobernador Alejandro García Padilla reiteró hoy que no contempla cancelar el contrato de privatización de la administración y operación del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín y que sus esfuerzos están dirigidos a que se garanticen los empleos, no se aumenten las tarifas y no se obstruya el desarrollo de los aeropuertos regionales.

Insistió en que su compromiso con el país es darle estabilidad a la economía de la Isla y credibilidad a la gestión gubernamental en su relación con el resto del mundo.

“Yo asumí la gobernación el 2 de enero de este año, ya había un contrato firmado por la anterior administración. Si de algo ha sufrido Puerto Rico en la última década es de inestabilidad, de que el gobernador que llega, no importa de qué partido sea, lo primero que hace es empezar a criticar y a detener todo lo que hizo el gobernador anterior”, dijo. “Pues yo vengo a darle estabilidad a Puerto Rico”, añadió.

 Afirmó que “antes de las elecciones le dije al país que había tres elementos principales que a mí me preocupaban. Son los mismos tres elementos que repetí después de las elecciones, sin ningún cambio, ni una coma”.

“Número uno”, explicó García Padilla, “que no haya despidos de empleados ni públicos ni privados. Número dos que no haya aumento en la tarifa que provoque aumentos en el precio del pasaje y número tres, que se permita el desarrollo de los aeropuertos regionales”.

 “Y eso es con lo que yo estoy trabajando”, recalcó, “protegiendo los empleos, más allá de lo que diga el contrato; protegiendo el bolsillo de los puertorriqueños para que no haya aumento en tarifas y protegiendo el desarrollo de los aeropuertos regionales. Estoy yo asegurándome que esos tres elementos estén protegidos”, dijo durante una conferencia de prensa que celebró para anunciar la extensión de acuerdos de colaboración con las agencias de seguridad federal.

Aseguró que los tres elementos que mencionó son los mismos que cuestionan los opositores al acuerdo, al reaccionar a la resolución que aprobó ayer la Cámara de Representantes, oponiéndose al contrato.

García Padilla resaltó que cualquier determinación de cancelar unilateralmente el contrato podría tener consecuencias legales, además de impactar la credibilidad del país. “Hay la posibilidad de que el gobierno de Puerto Rico sea demandado por negociar de mala fe y ¿cuánto costaría esa demanda? No solamente el trámite, sino la sentencia de una posible demanda en esa dirección”, sostuvo.

 Recordó pasadas experiencias en esa dirección. “No solamente eso. Recuerden cómo se afectó la economía del país cuando se planteó que se detuviera la construcción de algunas obras pública cuando la gobernadora Sila María Calderón asumió el poder. Recordarán los $100 millones que le costó al pueblo de Puerto Rico cuando el gobernador (Luis) Fortuño detuvo la construcción del acueducto del Sur”.

 Insistió en que “yo vengo a darle estabilidad, no solamente a la economía de Puerto Rico, sino darle certeza al mundo entero a la hora de negociar con Puerto Rico. A cumplir los compromisos a los que advine en la campaña política”.

A la pregunta de si seguirá adelante con el contrato aún si no se garantizan sus condiciones, respondió que “esas son mis condiciones”.