Gobernador pide a federales que dejen de pedir pena de muerte en la Isla

Por Antonio R. Gómez 03/23/2013 | 01:54 p.m.
El Gobernado reafirmó que no cree en la pena capital. (Archivo)  
Dijo además que todo funcionario del Gobierno tiene que respetar la disposición constitucional que prohíbe la pena capital en la Isla.

El gobernador Alejandro García Padilla solicitó al secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, que no autorice a los fiscales federales a pedir la pena de muerte por hechos ocurridos en Puerto Rico y afirmó que todo funcionario público del gobierno puertorriqueño tiene que respetar la disposición constitucional que prohíbe la pena capital en la Isla.

“En el día de ayer envié una carta al secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, pidiéndole que cese las solicitudes de la fiscalía federal sobre pena de muerte por hechos cometidos en Puerto Rico”, anunció hoy, sábado, García Padilla durante un desayuno que sostuvo con miembros del Overseas Press Club de Puerto Rico.

“Los puertorriqueños no creemos en la pena de muerte. Yo no creo en la pena de muerte. Entiendo que resulta ser una aberración histórica, oscurantista, la capacidad del estado de privar de aquello que el estado no otorgó. De aquello que no le pertenece al estado”, abundó el gobernador.

Tapaboca a la procuradora

García Padilla expresó que “cualquier persona en este país tiene derecho a diferir, por supuesto”, pero declaró que “cualquier persona que forme parte del gobierno de Puerto Rico tiene que estar a tono con esa política pública”. El gobernador hizo estas expresiones luego que ayer la procuradora de las mujeres, Wanda Vázquez, se expresara a favor de la aplicación de la pena de muerte al convicto Alexis Candelario Santana, aún cuando la Constitución del Estado Libre Asociado la prohíbe.

Vázquez, quien era fiscal cuando le tocó investigar la escena de los crímenes en La Tómbola, se expresó ayer a favor de la pena capital alegando que se le debe enviar un mensaje claro a los gatilleros.

“No es una política pública de mi gobierno”, recalcó. “Es una política que emana de la carta de derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y que los funcionarios públicos respeten esa constitución no es opcional”, afirmó el gobernador.