El gobernador Alejandro García Padilla anunció el comienzo de la primera fase de un plan para reforzar la vigilancia en las costas con el objetivo de combatir de forma más intensa el tráfico de sustancias controladas, en una iniciativa que supone labores integradas de la Guardia Nacional, las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) y otras agencias estatales y federales.

El plan, denominado Escudo Costero, incluye al presente la utilización de un radar táctico con alcance de más de 200 millas, enclavado en Aguadilla, un avión de rastreo de FURA, así como cinco helicópteros de esa entidad, destacó García Padilla en una conferencia de prensa conjunta ayer con varios miembros de su gabinete y en presencia de la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez.

García Padilla agregó que, como parte de la ofensiva anticrimen de su administración, desde el miércoles en la noche están movilizados 90 de 200 soldados de la Guardia Nacional, quienes trabajarán en iniciativas de vigilancia conjunta contra el narcotráfico.

“Los miembros de la Guardia Nacional no van a estar patrullando en las calles, ni van a actuar para ocupar residenciales públicos. Van a trabajar para impedir que por nuestras costas entren cargamentos de drogas ilegales”, puntualizó García Padilla en la rueda de prensa conjunta con directivos de la Aduana y la Guardia Costera de los Estados Unidos, quienes hablaron brevemente de su colaboración en este plan de seguridad del nuevo gobierno.

“Van a compartir la información con la Policía, que eso no se estaba haciendo”, destacó García Padilla al referirse al rastreo antidrogas de entidades federales como la Aduana de los Estados Unidos, cuyo portavoz, Johnny Morales, a cargo de operaciones aéreas y marítimas en el oeste, dijo que apoyan los planes del Gobierno con dos aviones de patrullaje en esa zona y cuatro helicópteros.

Un oficial de alto rango de la Guardia Costera de Estados Unidos, por su parte, indicó que disponen de cuatro helicópteros de vigilancia en esta zona.

El gobernador indicó que la activación de la Guardia Nacional supone por el momento una inversión de $3.1 millones y mencionó que una partida de $1 millón ha sido identificada por el presidente cameral Jaime Perelló, para la eventual inversión en mejoras a la flota de FURA, entre otras prioridades que se determinarían mediante consulta con el superintendente de la Policía, quien podría permanecer en ese puesto después del 31 de marzo próximo, cuando vence el contrato con la pasada administración de Luis Fortuño.

El primer ejecutivo destacó que el 92% de las drogas ilegales que llegan a Puerto Rico son para consumo en los Estados Unidos y puntualizó que ese dato se lo ha recalcado recientemente a funcionarios del Gobierno en Washington D.C.

“Por eso ellos también tienen que aumentar su participación”, sostuvo el mandatario al referirse a la necesidad de mayor presencia federal aquí en la lucha para combatir el narcotráfico.

Según García Padilla, para avanzar en la lucha contra la criminalidad en el país, urge también un mayor control de las armas de fuego y destacó que al respecto conversó esta semana con el secretario de Justicia de los Estados Unidos, Eric Holder, mediante videoconferencia.

“Una de las medidas es hacer más dura la ley con el que compra armas legales para venderlas en el mercado ilegal”, dijo al referirse al tema dialogado conjuntamente con otros gobernadores y Holder quien, como parte del gabinete del presidente estadounidense, Barack Obama, ha expresado un compromiso de mayor reglamentación al respecto tras la masacre de Sandy Hook.

García Padilla dijo que, al presente, un pasajero procedente de Estados Unidos puede viajar hasta con cinco armas de fuego y hasta 30 libras de municiones sin tener que divulgarlo formalmente a las autoridades locales.

Precisó que su gobierno actuaría para procurar que las líneas aéreas informen a las autoridades estatales sobre sus pasajeros con armas de fuego y también reveló que como parte de los planes de Escudo Costero aumentarán los recursos de las unidades caninas K-9 para propiciar rastreos periódicos en marinas privadas, donde con relativa operadores de yates de lujo han sido implicados en contrabando de sustancias controladas.

Más nexos con los federales (SUBTITULO)

El nominado secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, reveló que han ampliado los "memorandos de entendimiento" o acuerdos de colaboración con el gobierno federal en Puerto Rico y como parte de esas inicitivas se ha extendido la región de intervenciones a Fajardo y Guayama.

"Debo reconocer los esfuerzos que estamos haciendo en conjunto con la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez al punto de que estamos al borde ya de concluir los acuerdos finales de un memorando de entendimiento y hemos hasta ampliado ese memorando para incluir dos áreas adicionales para impactar que son Guayama y Fajardo", sostuvo Sánchez Betances.

El funcionario también reveló que aumentará el personal del Departamento de Justicia en destaque en los grupos tácticos conjuntos del gobierno federal en Puerto Rico, denominados "Task Forces" y aseguró que "las relaciones con la Fiscalía Federal son de primera".

En tal sentido, negó que existiera falta de comunicación o "fricción" tras un caso de "carjacking" y secuestro en Bayamón.

"No sé de dónde se inventaron esa idea. Eso no es correcto", subrayó Sánchez Betances, quien en el pasado expresó reservas sobre la imposibilidade de someter a nivel estatal casos criminales producto de pesquisas de los citados "Task Forces".

Sin embargo, reconoció que a corto plazo tampoco se podrían someter a nivel estatal ese tipo de caso, pero aclaró que esa situación no sería indefinida. Además, sostuvo que "no es absoluta" la imposibilidad porque existen excepciones que no precisó.

"La politica pública nuestra con relación a estos acuerdos es de manera temporera porque el empeño nuestro y así lo reconocen las autoridades federales es que la fuerza federal no puede, ni va ser permanente. Esto es una reacción ante una crisis, ante una situación desmedida en cuanto al crimen", sostuvo Sánchez Betances.

La fiscal federal dijo que Sánchez Betances "me ha expresado su interés de llevar los casos también en el foro estatal. Estamos completamente de acuerdo con eso, pero lo que sucede es que la iniciativa contra las armas y reducción de violencia ha tenido mucho éxito porque contempla unos pasos que se siguen y un procesamiento en el tribunal federal".

Rodríguez comentó que en 2012, en las regiones donde ampliaron sus intervenciones producto del citado programa, hubo una reducción en la criminalidad porque lograron "encarcelar gatilleros y narcotraficantes" que operaban aquí.

Sánchez Betances añadió que hay conversaciones para renovar acuerdos de colaboración con la Patrulla Fronteriza y la agencia federal de control de inmigración (ICE, por sus siglas en inglés). Asímismo, elogió la formación de nuevos equipos de trabajo entre personal de su agencia y la Policía.