El Gobierno le advirtió este viernes a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) que los empleados que, como parte del estadio huelgario, bloqueen el acceso a las instalaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), impidan el trabajo de la gerencia o dañen propiedad pública se exponen a ser procesados judicialmente.

Miguel Romero, secretario de la Gobernación, afirmó que la continuidad del servicio de energía eléctrica está en peligro debido a “incidentes” reportados en varias plantas generatrices, donde los huelguistas presuntamente se han encadenado a portones y han impedido la entrega de suministros importantes.

La UTIER inició la huelga el pasado miércoles, tras romperse las negociaciones para un nuevo convenio colectivo con la AEE.

“Se habían comprometido a que la UTIER y sus dirigentes no iban a prohibir el acceso ni a obstaculizar los servicios de energía eléctrica... Esto no se ha cumplido. Se ha puesto en riesgo la seguridad de los empleados que están trabajando y la operación de las centrales de la AEE”, afirmó Romero en rueda de prensa en La Fortaleza.

 El secretario de Justicia, Guillermo Somoza, expresó que la Fiscalía de Ponce evaluaba este viernes someter cargos contra cinco empleados unionados de la AEE que violaron supuestamente los artículos 240 (sabotaje de servicios esenciales) y 245 (empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública) del Código Penal, e incurrieron en alteración a la paz y restricción de la libertad el jueves.

 Según Romero, en unas instalaciones de la corporación pública en Yauco y Guayanilla se obstruyó la entrada de suministros y, luego de que el personal lograra pasar, se cerraron portones para impedirles la salida; además, un vehículo de la AEE sufrió daños.

Futuras manifestaciones similares podrían dar paso a la presentación de cargos por los artículos ya mencionados, adelantaron los funcionarios.

“La situación es que una persona pierda la vida, su trabajo, su libertad, por hechos que luego nadie se va a acordar”, puntualizó el presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, José Ortiz, al solicitar que “no se antepongan las agendas políticas”.

 El funcionario afirmó que el director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, tiene todo el respaldo de la Junta de Gobierno para actuar como estime necesario, y planteó que en casos como este podrían aplicarse las disposiciones del Acta Patriota de los Estados Unidos.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno busque terminar la huelga, Romero comentó: “La ley tiene unas disposiones de que si hay una amenaza de huelga o la misma está ocurriendo y constituye una grave amenaza al servicio, el secretario de Justicia puede acudir a solicitar remedios para detener la huelga. A ese punto no hemos llegado”.

¿Medio país sin luz?

Romero indicó que el jueves empleados unionados no permitieron la entrada de camiones de soda cáustica (hidróxido de sodio) a la Central Aguirre en Salinas y la Central Costa Sur en Guayanilla, por estar encadenados a los portones de acceso.

 Esto, según Colón, podría provocar que el suministro actual de soda cáustica y otros componentes químicos se acabe este fin de semana y se tengan que sacar de circulación ambas centrales. Eso significaría que la mitad de los 1.5 millones de clientes de la AEE se quedarían sin servicio, aseguró el funcionario.

Romero agregó que en Costa Sur tampoco se permitió el jueves que se midieran los tanques de reserva de Bunker C para saber el consumo de combustible, y que tampoco se ha permitido la entrega de comida y otros artículos para los empleados gerenciales que se encuentran acuartelados en las centrales generatrices haciendo el trabajo de los unionados.

También dijo que el jueves hubo una avería en una línea de 38 mil voltios que suple a cuatro instituciones del complejo correccional Las Cucharas en Ponce (donde hay 1,700 confinados) y que la UTIER interrumpió la entrada del personal gerencial que se disponía a reparar la avería. Luego se hizo el trabajo.

El presidente de la UTIER, Angel Figueroa Jaramillo, reaccionó con un llamamiento a la gerencia de la AEE para que se siente a negociar los artículos económicos que faltan para firmar el convenio colectivo.

“Lo que demuestra (esas expresiones) es que el Gobierno está en una etapa de desesperación, y a su vez están ampliando y complicando el conflicto huelgario, en vez de buscar mecanismos de conciliación para resolver el conflicto”, sostuvo Figueroa Jaramillo.