El gobierno está $320 millones por debajo de lo que necesita para cuadrar el año fiscal que cierra el próximo 30 de junio, admitieron Melba Acosta, secretaria de Hacienda, y Carlos Rivas, director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Aunque los recaudos de mayo superaron en $29 millones lo presupuestado, para un total de $753 millones, el gobierno tendrá que tomar medidas adicionales de ahorro para cerrar la brecha acumulativa.

A esos efectos, Rivas y Acosta anunciaron mediante comunicado de prensa tres movidas, cuyos montos finales dependerán de cuántos ingresos reciba el erario.

Hacienda considera retener – es decir, no pagar – hasta $90 millones que no se han desembolsado de la aportación adicional uniforme a la Administración del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno (ASR) y otras partidas no especificadas.

También reajustaría el repago de $250 millones en líneas de crédito que ha emitido el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

En conjunto, esta medida reduciría hasta $370 millones en asignaciones que aún no se han pagado, adelantó Acosta.

“OGP, descansando en la autoridad legal que confiere nuestra Constitución y leyes ante una brecha de recursos, pero reconociendo la importancia de proteger la solvencia de BGF y ASR, configurará y negociará planes de pago correspondientes para sufragar estas aportaciones a plazos en año fiscales futuros”, aseguró la jefa de Hacienda en declaraciones escritas.

También se considera usar el sobrante de $35 millones de una emisión de bonos COFINA realizada en 2009.

Por último, Hacienda recurrirá a otras medidas que usualmente se emplean para aumentar los recaudos, al cierre de año, como procurar el adelanto de pagos corporativos que esperaban recibir antes del 15 de julio. 

“Aunque esta segunda reducción de gastos por $340 millones adicionales descansará en recortes no operacionales, seguiremos ejerciendo la misma responsabilidad fiscal. Estaremos sometiendo en los próximos 90 días un proyecto de ley estableciendo unos planes para repagar los montos pendientes tanto al BGF y a la Administración de Sistemas de Retiro. La ejecución del plan de acción contemplado para el cierre del año fiscal 2014 dependerá de opiniones finales escritas del Departamento de Justicia de Puerto Rico”, agregó Rivas.