El Gobierno de Puerto Rico se está replanteando su tradicional oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo, un asunto muy polémico en la isla y que se dirime estos meses en los tribunales de la Justicia federal, reconoció hoy el secretario de Justicia, César Miranda.

En una entrevista con El Nuevo Día, el funcionario explicó además que antes del viernes el Gobierno tiene que pronunciarse al respecto ante el Tribunal de Apelaciones de Boston.

Esa instancia judicial estudia el recurso interpuesto por cinco parejas homosexuales que reclaman a la Justicia que sus matrimonios contraídos en otros estados de Estados Unidos sean reconocidos en Puerto Rico.

El pasado octubre la Justicia federal rechazó la demanda que estas parejas, encabezadas por la activista Ada Conde y su esposa, Ivonne Álvarez, buscando que se declarara inconstitucional el artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico, que establece el matrimonio como unión entre un hombre y una mujer.

"De la Constitución de Puerto Rico no emana el derecho al matrimonio del mismo sexo, por lo que el Estado Libre Asociado (de Puerto Rico) no está obligado a reconocer tales uniones", dijo el juez federal Juan Pérez Giménez para argumentar su decisión.

En su opinión, la política puertorriqueña en esta materia no deben decidirla los jueces, sino el poder legislativo de la isla, tras el debate entre la ciudadanía y sus representantes electos.

Tradicionalmente el Gobierno se ha opuesto a reconocer ese derecho y el gobernante Partido Popular Democrático (PPD) se ha expresado en contra, pero en la entrevista de hoy el secretario reconoció que se está barajando un cambio de postura.

Dentro de este mismo partido, el legislador Luis Vega Ramos celebró que "la Administración de (Alejandro) García Padilla dé el paso de avanzada de reconocer la legitimidad de los matrimonios válidamente contraídos sin tomar en cuenta la identidad de género de sus partes".

"Con esa posición, Puerto Rico se pondría a la vanguardia en la defensa y afirmación de los derechos humanos", afirmó en un comunicado el también presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes.

Incluso el presidente del Senado de Puerto Rico y miembro también del partido gobernante, Eduardo Bhatia, aplaudió la idea, después de haber anunciado la semana pasada junto a otros senadores que se uniría al pleito impulsado por Ana Conde y su esposa.

"Yo estoy claro de cuál es la posición mía, firme y sólida desde hace tiempo: La Constitución de Puerto Rico reconoce que la ley está hecha para todos y todos somos iguales ante la ley y eso significa que no importa la orientación sexual", dijo en declaraciones a la prensa.

La propia Ana Conde, que se casó con Ivonne Álvarez en el estado de Massachusetts hace más de una década, dijo hoy a la emisora local Radio Isla que es "increíble" que Puerto Rico, que tiene "tantas disposiciones contra el 'discrimen'" y una "Constitución tan avanzada", aún no reconozca este tipo de enlaces.

El exgobernador de Puerto Rico Pedro Rosselló (1993-2000) firmó durante su mandato una ley que prohibía en la isla el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo contraídos en otras jurisdicciones de Estados Unidos.

Sin embargo, en mayo de 2013 fueron aprobados en Puerto Rico los proyectos del Senado 238 y de la Cámara 488 que prohibían la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el escenario laboral.

Además, incluían en la protección legal ante la violencia doméstica a cualquier persona, con independencia de su orientación sexual, identidad de género o estado civil.