Gobierno de Puerto Rico y la entidad federal de control impuesta por Washington al Ejecutivo para dar solución a una deuda impagable acercan posiciones en su disputa por el presupuesto y las cuentas públicas, paso que puede alejar un impredecible litigio judicial.

La señal de que se ha abierto un canal de comunicación hace pensar en un posible acuerdo que beneficie a Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a Estados Unidos que arrastra una deuda de cerca de 70.000 millones de dólares en proceso de reestructuración tutelada por un tribunal federal de EE.UU.

La tensión entre las partes aumentó en las últimas semanas, después de que la entidad de control, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), anunciara que el presupuesto del Gobierno para el año fiscal 2018-2019 que fue entregado el pasado día 4 no cumplía con el nuevo Plan Fiscal para Puerto Rico.

El Plan Fiscal es el documento base que establece las pautas de las finanzas públicas de la isla, que deben ceñirse al equilibrio entre ingresos y gastos para evitar el habitual déficit en el que han incurrido durante los últimos años los sucesivos gobiernos de San Juan.

La necesidad de cubrir el déficit con la emisión de deuda elevó ésta hasta niveles insostenibles, una situación que explotó en 2015, cuando se cometieron los primeros impagos.

El Gobierno miró entonces a Washington en busca de ayuda financiera, pero el Congreso de EE.UU. respondió con la aprobación de la Ley Promesa, una norma que establece la JSF que supervisa la política presupuestaria y financiera del Ejecutivo liderado por Ricardo Rosselló.

La JSF exige al Gobierno de cara al próximo presupuesto fuertes ajustes que afectarán drásticamente a la población, en concreto una reducción de las pensiones de los funcionarios de un mínimo de un 10 %, la eliminación de la paga navideña a los empleados públicos y establecer un seguro médico uniforme a la baja para todos los trabajadores gubernamentales.

Rosselló defiende que está dispuesto a hacer recortes, pero que es el Gobierno el que tiene el derecho de establecer en qué partidas se llevan a cabo, además de dejar claro que no aceptará imposiciones de la JSF en política pública.

Finalmente, el viernes, el Gobierno presentó a la JSF el presupuesto consolidado para el año fiscal 2018-2019, que no elimina el bono de Navidad ni reduce las pensiones, tal y como exigía la entidad de control.

El analista político Luis Pabón Roca dijo a Efe que es impredecible conocer el desenlace del enfrentamiento y que parece que las partes centran su discusión ahora en la Ley Sobre Despidos Injustificados, popularmente Ley 80, una norma que desde su punto de vista nada tiene que ver con el asunto de la deuda y el presupuesto.

La primera señal distensión llegó el pasado lunes, cuando el presidente de la JSF se reunió con Rosselló y los líderes de las dos cámaras legislativas.

Aunque no se informó de un acuerdo concreto sí fue una muestra de que se apuesta por limar asperezas entre las partes para evitar que la disputa llegue a los tribunales, reunión que se repitió el miércoles.

Martha Quiñones, antigua presidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, dijo a Efe que el enfrentamiento entre las dos partes está ocultando la realidad de que las inversiones se van a reducir en el nuevo presupuesto, algo que como observó se verá reflejado en las políticas sociales.

Sindicatos y oposición denuncian que no se puede castigar el bolsillo de la población para destinar recursos a los tenedores de bonos de deuda, que insisten por su parte en recibir lo que le corresponde.

La emigración que en especial tras el huracán María golpea a la isla hace que cada vez haya menos personas entre las que recaudar impuestos, lo que no hace sino empeorar la situación de las finanzas públicas, con recursos limitados para prestar servicios a la población y pagar a la vez la parte de deuda que establezca el tribunal federal que tutela la reestructuración.