Aunque desde el Tribunal Federal los señalamientos sobre el Departamento de Educación (DE) aluden a incumplimiento e ineficiencias en los servicios, el gobernador Alejandro García Padilla celebró este miércoles que el Departamento de Educación de Estados Unidos extendió por un año el plan de flexibilidad, que le concede a su administración mayor libertad para reformar el sistema público de enseñanza y cumplir así con la legislación federal vigente.

A juicio de García Padilla y del secretario del DE, Rafael Román, la extensión del plan de flexibilidad autorizada la semana pasada es una señal de que el gobierno de Estados Unidos reconoce ciertos avances en la agencia estatal, y es una expresión de confianza hacia las medidas que ha tomado el Gobierno para enderezar el sistema público, en aras de mejorar el aprovechamiento académico de los alumnos.

"Esta extensión, la cual había sido denegada en la pasada administración, le permitirá al DE continuar trabajando arduamente en la implementación de reformas educativas para mejorar el rendimiento de todos los estudiantes", subrayó el primer ejecutivo durante una rueda de prensa en La Fortaleza.

"Quiere decir que, durante este año, hemos estado cumpliendo con las exigencias del plan de flexibilidad federal... Todo el mundo sabe que los problemas que vivimos en el DE los hemos heredado, y han sido superiores a lo anticipado", añadió.

El Departamento de Educación federal aprobó en octubre pasado el plan de flexibilidad para Puerto Rico, mediante el cual se le otorgan al DE una serie de dispensas en el cumplimiento con la ley federal "No Child Left Behind". A cambio, la agencia local deberá, entre otras cosas, formular y presentar de manera periódica sus planes para impulsar cambios a nivel administrativo y académico.

Entre las dispensas, se incluye relevar al Departamento de Educación de utilizar un solo mecanismo para evaluar el mejoramiento académico en los planteles, y permitirle desarrollar criterios que apliquen a las circunstancias particulares de cada escuela. Además, le concede mayor flexibilidad en el manejo de los fondos federales asignados, y le permite a la entidad gubernamental enfocarse en el desarrollo de sistemas de evaluación y apoyo a los docentes.

Román resaltó que, cuando Puerto Rico solicitó al gobierno federal adoptar el plan de flexibilidad el año pasado, otras 42 jurisdicciones de Estados Unidos recibieron el mismo aval, pero solo a 23 se les aprobó la extensión. "Puerto Rico es de las jurisdicciones que ha cumplido con todos los requerimientos, con lo que nos comprometimos a hacer... El objetivo de los planes de flexibilidad en los estados y en Puerto Rico es trabajar con reformas académicas profundas, y en ese sentido, el DE lo ha estado haciendo", enfatizó Román.

MEDIDAS TOMADAS

Entre las medidas que se han tomado, resaltó la revisión de los estándares educativos, la creación de materiales curriculares, el protocolo de desarrollo profesional, una nueva clasificación a las escuelas que acabó con la identificación generalizada de planteles en "plan de mejoramiento" y la creación de un sistema de evaluación.

Sobre la supervisión y el sistema de evaluación, Román precisó que este año comenzó un proyecto piloto en 223 planteles con miras a ser más rigurosos con aquellos maestros y maestras que demuestren deficiencias en sus funciones, y fijar consecuencias por el reiterado incumplimiento.

Sin embargo, todavía el reglamento que regiría el proceso se está elaborando, y no se han definido las acciones correctivas que aplicarían. Román no descartó que la remoción de docentes de sus puestos esté incluida en el documento final.

"Si tenemos los mejores maestros en el salón de clases, con los mejores resultados, los mejores perfiles, eso va a tener un impacto en el aprovechamiento en las escuelas", subrayó Román.

García Padilla también fue enfático en que se tomarán medidas para que las fallas en la enseñanza pública conlleven consecuencias. "Tiene que haber un sistema de evaluación eficiente, y el sistema de evaluación tiene que tener consecuencias para el que no cumple. Si es un delito, conllevaría cárcel, si es una falta administrativa, pues lo que dice el reglamento en cuanto a acciones correctivas. Un sistema de evaluación y súper eficiente tiene consecuencias, si no tiene consecuencias, no es eficiente", manifestó García Padilla.

El gobernador hizo alusión a las expresiones del juez federal José A. Fusté, quien en un interdicto preliminar que emitió a favor de la madre de una estudiante de educación especial detalló una serie de trámites que el DE debe cumplir, y advirtió que no satisfacer esas exigencias podría suponer un desacato civil o criminal por parte de los funcionarios, con consecuencias que podrían llegar hasta la pena de cárcel.

La ausencia de un sistema de evaluación y fiscalización efectivo hacia el cuerpo docente ha sido uno de los temas medulares de la discusión que dirige en el Senado la Comisión Especial para la Transformación Administrativa y Operacional del Sistema de Educación de Puerto Rico, que preside el líder senatorial, Eduardo Bhatia.

El gobernador aseguró este miércoles que trabaja en el tema de manera conjunta con el Senado y la Cámara de Representantes. La conferencia de prensa contó con la presencia de la representante Brenda López de Arrarás, presidenta de la Comición cameral de Educación, pero no asistieron senadores o representantes de ese cuerpo legislativo.