El gobierno estatal presentó sus alegaciones en el caso ante la consideración del Primer Circuito de Apelaciones de Boston sobre el impuesto especial que se impuso a mega tiendas como Walmart y planteó que el Tribunal Federal no tiene jurisdicción para decidir sobre este asunto. 

El Estado solicita que el Primer Circuito revoque la decisión del juez federal José A. Fusté que declaró inconstitucionales varias disposiciones de la Ley 72-2015 y del Código de Rentas Internas de Puerto Rico relacionadas a la Contribución Alternativa Mínima aplicable a transacciones que contribuyentes corporativos como Walmart Puerto Rico, entre otros, realizan con sus afiliadas.

En el alegato sometido, el Departamento de Justicia sostiene que el Tribunal Federal no tiene jurisdicción sobre una demanda como la de Walmart Puerto Rico, “en la que se pretende interferir con el importante poder e interés del Estado Libre Asociado en la recaudación de impuestos”.

“La determinación del juez federal de asumir jurisdicción sobre el caso es contraria a dos estatutos federales -el Butler Act y el Tax Injunction Act- que le impiden a los tribunales federales paralizar los efectos de estatutos contributivos estatales o locales. Igualmente, principios de equidad y de cortesía judicial a los procesos y leyes estatales en asunto contributivos requerían la abstención del foro federal”, lee la argumentación del Estado, que agrega que “no tiene una causa de acción válida bajo las leyes estatales en asuntos contributivos”.

Walmart Puerto Rico tendrá hasta el 17 de mayo para presentar sus alegatos, y el Estado tendrá hasta el 31 del mismo mes para replicar. Las argumentaciones orales serán en junio.

El Estado sostiene que si Wal-Mart desea impugnar la Ley 72-2015, debe pagar la contribución y luego agotar los remedios disponibles ante el Departamento de Hacienda y los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Agregó que Fusté erró también al resolver que la ley de su faz violenta la Cláusula de Comercio, la Ley de Relaciones Federales y la de Igual Protección de las Leyes.

En una determinación de 109 páginas, el juez federal falló a favor de la empresa Walmart, que el pasado 4 de diciembre demandó al gobierno de Puerto Rico por considerar inconstitucional la Ley 72, aprobada el 29 de mayo de 2015.

El caso quedó sometido el pasado 5 de febrero, después de varias vistas en las que declararon, entre otros, el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza. El funcionario admitió que la impugnada Ley 72 solo aplicaba al momento a Walmart.

La citada ley encaminó un nuevo tributo de 6.5% por concepto de compras entre compañías, lo que se denomina en inglés “transfer pricing”. Walmart destacó en el tribunal que el impuesto resultaba sumamente oneroso y señaló que impediría sus operaciones a largo plazo en la Isla.