La Administración Federal de Transporte (FTA, por sus siglas en inglés) investiga el uso de fondos federales en la construcción que se desarrolló en el terminal del Acuaexpreso en Hato Rey.

Así lo indicó este jueves el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Miguel Torres Díaz, quien afirmó que se reunió el miércoles con personal de la FTA.

El funcionario señaló que, de sostenerse los señalamientos preliminares, el gobierno de Puerto Rico podría verse obligado a devolver decenas de millones de dólares.

"Aparenta ser que no se contó con los avales federales cuando se otorgó la concesión de esa obra de infraestructura y podríamos tener una situación en la que se le pueda requerir al gobierno de Puerto Rico que devuelva entre $30 y $40 millones de inversión federal", sostuvo Torres Díaz.

"Por su puesto, eso es dinero que no tenemos en el día de hoy, a menos que se pueda reconfigurar lo que fue ese acuerdo o ese trabajo que se hizo allí, de manera que se pueda volver a algo que pueda contar con el aval de lo que se debía hacer allí", agregó. 

El Secretario de DTOP dijo que durante la pasada administración gubernamental se llegó a un acuerdo con la FTA para trabajos de mejoras en el terminal de la lancha, que viaja desde Hato Rey, frente al Coliseo de Puerto Rico, hasta el Viejo San Juan.

"Al haberse otorgado unas concesiones, unos arrendamientos a segundas y terceras entidades, sin haber contado con su aval (de la FTA), para un uso diferente al que fue propuesto la infraestructura que fue construida, que es un terminal de lanchas, pues crea un problema con relación al propósito para lo cual se usó la inversión", dijo Torres Díaz.

"Eso representa un 'finding' a nivel federal y ellos están evaluando esa situación. Nosotros le estamos dando un espacio para que ellos concluyan con su análisis, al igual que lo haremos nosotros a nivel estatal", añadió. "Todavía no sabemos si se vayan a adjudicar responsabilidades públicas que tenga que asignarse a los funcionarios que estuvieron en ese momento".

Según Torres Díaz, personal de la FTA visitó ayer la instalación, donde originalmente ubicaron las oficinas de la Autoridad de Transporte Marítimo. Ahora se encuentra bajo la sombrilla del Distrito de Convenciones, que a su vez arrendó espacios para locales comerciales privados.

El titular de DTOP dijo que el resultado final de la construcción dejó "una pequeña hilacha de lo que es el terminal marítimo y el gobierno federal tiene un gran problema con esto porque la gran facilidad que se construyó allí era para un propósito mucho más amplio de transporte público".

Anticipó que podría tardar algunos meses antes de que culminen las indagaciones, incluyendo estudios de títulos de propiedad.

"El gobierno federal está haciendo las preguntas de rigor como parte de su responsabilidad de ver qué pasó con un dinero que se dio para un propósito y que se usó para otro", dijo Torres Díaz. "No hay duda de que levantó una bandera y creó muchas interrogantes en el día de ayer".

De acuerdo con Torres Díaz, en la reunión se habló sobre la posibilidad de tener que devolver el dinero federal asignado, lo que surge en momentos en que se discute la crisis fiscal por la que atraviesa el componente gubernamental de transporte, que ha provocado la implantación de varias medidas para aumentar los recaudos necesarios para sostener sus operaciones.

"Se mencionó claramente la posibilidad de tener que devolver el dinero por el incumplimiento de no haber contado con el aval federal en el desarrollo de lo que se fuera a hacer", mantuvo Torres Díaz.

"Eso sería muy lamentable, porque ahora mismo tenemos congelados más de $30 millones con el gobierno federal por esta y otras acciones que se llevaron a cabo en los pasados años, lo que denota un grave problema de comunicación con el gobierno federal y que pone en precario la posibilidades de ejecución del trabajo que tenemos, ya sea transporte publico, marítimo y muchas otras alternativas de transporte", afirmó.