El alcalde de Santa Isabel, Enrique Questell, parece que no para de trabajar. 

Tan laborioso se exhibe el ejecutivo municipal santaisabelino que declaró tener 91 días acumulados en exceso de vacaciones y por ello reclamó el pago de $51,650. Pero luego vino un detallito: una auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), encontró que no tenía derecho a reclamar más de la mitad de los fondos que se le desembolsaron. 

En un informe de auditoría publicado ayer por la contraloría, se indicó que esta situación fue referida al secretario de Justicia, César Miranda. El documento firmado por la contralora Yesmín Valdivieso solo atiende este hallazgo en este informe, que es el segundo que publica la Oficina del Contralor sobre las operaciones fiscales y administrativas de este municipio. 

“Las pruebas efectuadas y la evidencia en nuestro poder revelaron desviaciones de disposiciones de ley y de reglamentación en los pagos relacionados con la liquidación de licencias acumuladas por vacaciones”, señala el documento. 

Según reveló la auditoría de la OCPR, al alcalde se le pagó irregularmente $28,400. De esta cifra $27,425 fueron indebidamente desembolsados. Otros $975 se le pagaron en exceso, aclara el documento sobre la auditoría que cubrió el periodo del 1 de julio de 2010 al 30 de junio de 2014. 

“El alcalde solicitó a la directora de finanzas la liquidación de 60 días de vacaciones que este tenía acumulados al 30 de junio de 2014. El Municipio le pagó $22,250 por dicha liquidación. Esto representó un pago indebido, ya que el Alcalde no había renunciado a su puesto ni hubo una separación definitiva del servicio público, según dispuesto en la ley, para que se le liquidaran dichos días”, detalla el informe.

Según la OCPR, esta situación es contraria a la Ley de Municipios Autónomos y a la jurisprudencia que estableció “que solamente procede la liquidación de las licencias acumuladas de vacaciones y enfermedad cuando la renuncia o separación del servicio produce una desvinculación definitiva del servicio público”.

En su contestación a la OCPR, Questell señaló que “era necesario liquidar el balance al 30 de junio de 2014 de la licencia por concepto de vacaciones” porque estaba por entrar en vigor las enmiendas a la Ley de Municipios Autónomos que reguló el sueldo base de los alcaldes en Puerto Rico y modificó disposiciones sobre la licencia por vacaciones. 

“El Municipio le pagó al Alcalde $5,175 por 13 días de vacaciones, en exceso de los 60 días, acumulados de enero a junio de 2014. Nuestros auditores determinaron que dicho pago no procedía debido a que los excesos de 60 días se determinan al 31 de diciembre y no al 30 de junio. Esto ocasionó un pago indebido por $5,175”, revela la auditoría.

Además, la Administración municipal le pagó a Questell $8,100 por unos supuestos 18 días de vacaciones acumulados en exceso al 31 de diciembre de 2013. 

“De la evaluación realizada, se determinó que se le debió pagar $7,125, lo que ocasionó un pago en exceso por $975. El pago en exceso se debió a que se calculó incorrectamente el pago, ya que se utilizaron bases que no correspondían”, señala el informe de la OCPR.

Questell dijo a la OCPR que esa situación fue “a consecuencia de un error involuntario de nuestro Departamento de Recursos Humanos al momento de calcular el monto a liquidar”.

En su contestación a la contraloría no aclara si restituyó los $975 pagados en exceso, como esa entidad le recomendó que hiciera.