Dos economistas advirtieron ayer que de aprobarse la reforma laboral para el sector privado que propone la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a corto plazo aumentará la economía informal y el desempleo en el País.

También pusieron en duda, en una vista pública en el Senado, que haya un incremento en la tasa de participación laboral y pronosticaron que habrá más emigración en jóvenes menores de 25 años, pues el salario mínimo no los cobijará.

“Aquí se ve la contradicción de la lógica económica de la Junta, ¿cómo en un país como Puerto Rico donde tenemos ya una economía informal tan grande, haciendo el trabajo en la economía formal menos atractivo vas traer gente de la economía informal a la economía formal? No tienen que tener un doctorado en economía para determinar que eso no tiene ningún sentido”, cuestionó el director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía, Sergio Marxuach.

“El análisis de la persona de a pie sería: ‘para eso me quedo trabajando por debajo de la mesa, como dicen, chiripieando, haciendo lo que pueda y no tengo que pagar impuestos’. Obviamente eso tiene unos costos, porque no tienen plan médico, no tienen seguridad social etcétera, pero ese puede ser análisis que estén haciendo muchas personas”, sostuvo el economista.

Marxuach dijo que la propuesta ignora los costos sociales de reducir a siete los días de vacaciones y de enfermedad y de eliminar el Bono de Navidad. “La gente literalmente se debe morir en su lugar de trabajo. Simplemente sacamos el cadáver al estacionamiento y seguimos trabajando”, dramatizó.

Añadió que la evidencia empírica analizada sostiene que las medidas propuestas por la JSF han tenido un impacto marginal o negativo en el empleo, ingreso y crecimiento económico en otros países.

Otro economista, Edwin Irizarry Mora, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), dijo que la reducción de días de vacaciones y enfermedad promoverá el ausentismo y afectará productividad en el empleo.

“La ola migratoria será mayor todavía si a los jóvenes de menos de 25 años se les paga menos que el salario mínimo y muchos jóvenes en esas edades ya tienen bachillerato y maestría”, sostuvo Irizarry Mora.

Por su parte, el presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA), Ramón Ponte Tápanes también objetó la propuesta porque se presenta a menos de un año de la implementación de una reforma laboral. “Es contrario a las mejores prácticas de administración pública reformular leyes e impulsar reformas sobre reformas sin conceder el tiempo suficiente a las leyes anteriores para analizar su efectividad”, sostuvo el CPA.

Además, se opusieron a la propuesta, los ex secretarios del Departamento del Trabajo, Ruy Delgado Zayas y Héctor Hernández Soto.