La secretaria de Hacienda, Melba Acosta, confirmó que la segunda etapa de la reforma contributiva que aprobó la pasada administración gubernamental quedó pospuesta porque no cumplirse los tres requisitos legislados para su vigencia.

Acosta recordó que la ley dispone que el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Junta de Planificación deben emitir certificaciones de “responsabilidad fiscal”.

Estas certificaciones significan que los ingresos del Fondo General superaron los $9 mil 200 millones, que el gasto público con cargo al Fondo General no rebasa el 95% de dichos ingresos, y que la actividad económica creció el año anterior en al menos 1.2%.

“Si esas tres pruebas se dan entra la segunda etapa. Si esas tres pruebas no se dan, no es que se elimina la segunda etapa de la reforma contributiva, es que se pospone hasta que se den”, explicó Acosta.

“En este presupuesto, si se dan los recaudos como esperamos, puede que se de la primera, la de recaudos. Obviamente hay que ver el tema de los gastos y hay que ver el tema del crecimiento económico, que el proyectado para el año que viene no contempla que se cumpla (el requisito)”, abundó la funcionaria.

No descartó, sin embargo, que esa segunda etapa de la reforma pueda ponerse en vigor más adelante en el cuatrienio.

“Ciertamente, hay que tomarle el pulso y monitorearlo para ver si más adelante, pues se cumplen y pueda entrar la segunda fase”, expresó Acosta, quien hizo sus expresiones al comparecer este martes, ante las comisiones cameral y senatorial de Hacienda, que iniciaron la evaluación del presupuesto que sometió el gobernador Alejandro García Padilla.

Explicó a lo largo de la audiencia que la proyección de ingresos para el próximo año fiscal es de $9 mil 635 millones, que incluyen sobre $1 mil 400 millones en ingresos nuevos que se esperan generar con las medidas impositivas que se proponen para el nuevo presupuesto y la eliminación y cambios en algunas exenciones al pago del impuesto sobre ventas y uso (IVU).

El grueso de esos ingresos nuevos se esperan de los cambios al IVU, que se proyectan producirán $1 mil 050 millones adicionales; otros $440 millones serían recaudados de las nuevas medidas impositivas propuestas.

Acosta insistió en que solo dos de las alzas impositivas perjudican directamente a los individuos y que el resto están dirigidas a corporaciones. En ambos casos, recalcó, el objetivo es cerrar brechas contributivas que han propiciado evasión y el que ciertos sectores de la población y de las corporaciones no aporten lo que les corresponde, provocando que la carga recaiga sobre el sector asalariado y en ciertas empresas.

Según la Secretaria de Hacienda, un “escenario sin exenciones” produciría recaudos del IVU por sobre los $3 mil 555 millones anuales.

Detalló que las exenciones que se mantienen en la propuesta que se está presentando, tienen un costo de $2 mil 206 millones. La eliminación o alteración de las que cambian generará, poro tro lado, los $1 mil 050 millones mencionados.

Según el desglose que ofreció Acosta, el incremento mayor lo producirá la eliminación de las exenciones por los servicios que se ofrecen entre negocios, con $797,1 millones.

La funcionaria reiteró que una de las propuestas de Hacienda es la eliminación del “certificado de exención para los revendedores” para implantar un sistema de reembolso con crédito contributivo.

Explicó que este certificado se ha convertido en un mecanismo de evasión del IVU y reveló que mientras Hacienda tiene en sus récords que existen cerca de 49,000 de estos certificados, la agencia sólo recibe 27,000 planillas de comerciantes que los poseen, informando sobre sus ventas y el recaudo del IVU.

Indicó que las únicas dos medidas impositivas que van directamente a los individuos son la sobretasa de 2% a las personas que trabajan por su cuenta y generan ingresos brutos por $200,000 o más, y el tope de $35,000 en los intereses hipotecarios que pueden reclamarse como deducción en cada año contributivo.

La primera, dijo, perjudicará a 5,933 planillas de las 184,294 que se someten por este tipo de contribuyente. La segunda, agregó, perjudicará 2,564 contribuyentes de un total de sobre un millón de planillas.

En el listado de nuevos impuestos que mencionó la Secretaria, hay otros dos, sin embargo, que también podrían perjudicar directamente a los consumidores.

El primero es el alza en el arbitrio a los cigarrillos, que Hacienda espera que le produzca $43 millones adicionales el próximo ano.

El segundo es el arbitrio de 1.0% propuesto a las primas de seguros que emitan compañías locales y que el Departamento espera que le produzca $102 millones adicionales. En este caso no se precisó si el arbitrio se aplicará a todos los seguros, ni se habló de cuánto de ese cargo podrían pasar las empresas aseguradoras a los consumidores.