El Departamento de Hacienda recomendó hoy, lunes, la aprobación de un proyecto de ley para garantizar que la Universidad de Puerto Rico (UPR) reciba nuevamente el 9.60% del promedio del monto total de las rentas anuales que ingresan al Fondo General.

"Para la UPR, esta medida mejorará su capacidad crediticia al devolver a la formula de ingresos (9.60%), partidas que se vieron reducidas por la Ley 7 de 2009", señaló la agencia al referirse al estatuto que decretó una emergencia fiscal y abrió la puerta para miles de despidos de empleados gubernamentales.

La recomendación del Departamento de Hacienda en vista pública de la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado es que la medida en cuestión entre en vigor a partir del año fiscal 2013-2014.

La medida discutida en audiencia presidida por el senador José Nadal Power sería considerada por el Senado en pleno en su sesión del próximo jueves, según fuentes del alto foro legislativo.

La mayoría legislativa, por disposiciones del mismo proyecto que restituye la fórmula del 9.60%, derogaría la Ley 176 del 30 de noviembre de 2010, que creó una beca especial para ayudar a parte de los estudiantes tras implantarse una cuota de estudios de $800, recién eliminada.

El presidente de la UPR, Miguel Muñoz, se opuso a la derogación de la Ley 176 y recomendó al Senado que proceda a enmendar el estatuto, que según destacó, benefició a 38,571 alumnos.

"Lo conveniente es enmendar la Ley 176, en vez de derogarla. Esta ley provee además para la asignación de un 2% de los recaudos de la Lotería Adicional para el Fondo para Servicios Contra Enfermedades Catastróficas Remediables", dijo Muñoz al sugerir que los remanentes sean para ayudas a estudiantes pobres.

La Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) también pidió, en su turno ante la misma comisión senatorial, que no se derogue la Ley 176 porque ayuda a paliar "el incremento demedido" en los costos de estudios universitarios. 

José Torres Rosario, presidente de la HEEND, mientras elogió la eliminación de la cuota estudiantil de $800 anuales por parte del nuevo gobierno y reclamó que se tome acción para garantizar el reingreso a la UPR de estudiantes suspendidos durante la huelga decretada justamente en repudio a la citada cuota.

"Si queremos que la UPR responda a los mejores intereses de nuestro pueblo, los estudiantes no pueden ser expulsados de la Universidad", sostuvo Torres Rosario al reclamar sensibilidad con los jóvenes y recalcar que "las diferencias no se resuelven a palos y empujones", como ocurrió durante el pasado cuatrienio ante las protestas estudiantiles.

"Queremos que regresen al aula, que puedan terminar sus grados. No creemos que esto es pedirle un canto de cielo a nadie", sentenció al abogar por alumnos como Waldemiro Vélez y Rafael Ojeda, entre otros expulsados.

El presidente del Consejo General de Estudiantes, Alvaro Moreno, también testificó ante la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado. El líder estudiantil también reclamó que se permita el regreso de los estudiantes expulsados por determinación del actual presidente, Miguel Muñoz, a pesar de que la junta disciplinaria no recomendó las expulsiones.

Moreno condenó el estilo totalitario de Muñoz y refutó varios de sus planteamientos en una ponencia previa, al igual portavoces de la HEEND y de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), que lamentó decisiones tomadas por ese funcionario al que responsabilizó por la crisis presupuestaria de la institución.

Según la APPU, la UPR perdió más de $100 millones anuales por una administración deficiente que, además, condujo a la pérdida de acreditación en decenas de programas académicos.

En la vista se destacó que durante el pasado cuatrienio, la matrícula general de la UPR se redujo entre 8,000 y 10,000 estudiantes. La matrícula del primer centro docente del país ascendió a 65,671, pero mermó a 57,000 en 2012, destacaron líderes estudiantiles.

El presidente de la HEEND, por otro lado, criticó argumentos vertidos por Muñoz y varios de sus ayudantes en la primera sesión de la vista pública presidida por el senador Nadal Power.

Entre otros argumentos que catalogaron como "medias verdades", refutaron una amplia otorgación de beneficios económicos para los alumnos, gracias a la beca producto de la Ley 176, porque para concederla era un requisito tener becas Pell

"Todos los estudiantes pagaron la cuota de $800... Solo hubo reembolso para estudiantes regulares", subrayó el portavoz de la HEEND al plantear que esos detalles no lo explicaron ante la comisión Muñoz, ni sus asistentes. Si no cesan las mentiras de esa presidencia "veremos pasar pronto el féretro de la UPR ante nosotros", opinó Torres Rosario.

"Ellos bajaron los cupos y subieron los índices de ingresos. Eso no tuvo que ver con la huelga sino al objetivo que querían: achicar la UPR", agregó.

En la audiencia, los líderes estudiantiles también pidieron un aumento de los representantes de los universitarios ante la Junta de Síndicos, así como de los profesores. La propuesta ya fue hecha la semana pasada en la Cámara de Representantes.