El área donde ubican los restos de varias estructuras antiguas descubiertas recientemente durante el desarrollo del Paseo Puerta de Tierra en San Juan permanecerá bajo estudio por varios meses, mientras el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) deciden cómo se protegerán y de qué manera se integrarán al proyecto.

Sin embargo, la existencia del yacimiento no significa que el trabajo será paralizado, ni que es imposible la construcción en el lugar, según argumentaron directivos del ICP, AFI y el arqueólogo a cargo de la supervisión de la obra durante un recorrido que realizaron hoy, jueves, por esa zona.

“El proyecto continúa en construcción. Hay un manejo que hay que tener desde el punto de vista del hallazgo que lo estamos teniendo en la zona del hallazgo, pero es algo que puede pasar en cualquier proyecto de construcción”, afirmó la directora ejecutiva de AFI, Grace Santana.

Las estructuras descubiertas, que se cree pertenecen a parte del sistema defensivo construido por la milicia española en la Isla entre los siglos XVIII y XIX, ya habían sido impactadas por desarrollos anteriores, cuando no se contaba con las normas de preservación que existen actualmente.

El arqueólogo José Miguel Rivera Groennou, contratado por AFI para velar por el mantenimiento de los yacimientos en el lugar, explicó que la estructura más cerca del mar estaba cubierta por la losa de la plaza que se construyó allí entre finales de la década de 1970 y principios de la de 1980. Es esta la que se piensa que puede ser parte de una muralla defensiva.

Más cerca de la calle Muñoz Rivera, se nota en el terreno intervenido otra construcción que se estima se erigió más tarde, en el siglo XIX.

“A mediados del siglo XIX se empezó a hacer una serie de instalaciones y unos pabellones militares, residencias de oficiales, barracones de soldados, que daban mantenimiento a todo esto (el sistema defensivo). Según los planos, sí caerían en esta área”, explicó Groennou.

“Sabemos que debe ser de finales del siglo XIX. De hecho, en fotos aéreas del 1938 salen una serie de edificios aquí. Pensamos que puede ser uno de ellos”, estimó.

Desarrolladores de principios del siglo XX conocieron de su existencia, pero parece que no le dieron mucha importancia, pues justo en sus inmediaciones ubican dos tuberías de acero galvanizado ya en desuso que en algún momento sirvieron como algún tipo de desagüe o sistema de alcantarillado. Se estima que estas fueron instaladas para la década de 1930, comentó.

“La intención del manejo de los recursos patrimoniales se va transformando a lo largo de la historia. En estos momentos hay un nivel de conciencia en cuanto al patrimonio mayor del que posiblemente pudo haber habido en ese momento, lo cual permite que se creen mejores protocolos de intervención y mejores planes”, consideró el arqueólogo.

En el lugar quedan, además, restos de un poblado indígena de la época saladoide, en los años 600 d.C., siglos antes de la existencia de los taínos, sostuvo, por su parte, la directora del programa de Arqueología y Etnohistoria del ICP, Laura del Olmo Frese.

Este yacimiento, del que ya se habían extraído piezas anteriores, también ha sido impactado por construcciones hechas hace tiempo en el lugar, indicó la funcionaria.

Del Olmo Frese no descartó que aparezcan otros objetos durante estos trabajos, los que deberán ser conservados para su estudio.

Vecinos del área han reclamado que el permiso emitido por el Municipio de San Juan para la construcción del paseo es ilegal, pues la Ley 112 de Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico de 1988 establece el requerimiento de un permiso del Consejo Arqueológico adscrito al ICP antes de iniciar desarrollos en lugares donde haya documentación previa de presencia de material arqueológico, como en este caso. Al amparo de esta legislación, han exigido que se detengan los trabajos en la zona.

Sin embargo, el director ejecutivo interino del ICP, Jorge Irizarry Vizcarrondo, y la directora del programa de Arqueología y Etnohistoria, explicaron que la Ley 161 para la Reforma del Proceso de Permisos de 2009 enmendó la legislación de 1988 y concedió al propio instituto la potestad de otorgar permisos. Desde el inicio del desarrollo de Paseo Puerta de Tierra, el ICP ha otorgado permisos condicionados.

La AFI había adelantado que integraría los hallazgos a su desarrollo, aunque aún no se ha determinado cómo. Una alternativa podría ser mantenerlos protegidos bajo el terreno y hacer constar su existencia mediante letreros, pues los funcionarios coincidieron en que sería irresponsable exponerlos, si se van a dañar a la intemperie.