La presidenta de la Hermandad de Empleados de Oficina y Ramas Anexas de la Autoridad de Puertos, Astrid Rosario, cuestionó este lunes las razones financieras ofrecidas por el gobernador Alejandro García Padilla para justificar el contrato de arrendamiento del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, a la vez que le imputó al mandatario haber favorecido a uno de sus “amigos” con esta transacción.

Rosario afirmó que no existen documentos financieros que acrediten, como dijo García Padilla, que la Autoridad tendría que realizar un desembolso de cerca de $400 millones en los próximos cuatro meses para satisfacer otras obligaciones.

“Incluso, es cuestionable que usted (gobernador) le indique al país que, si no se aprueba la transacción, hoy no habría dinero para pagarle a Wells Fargo. Una revisión de un documento preparado por Puertos y que usted nos hizo llegar a través de sus ayudantes demuestra que el supuesto pago vence en marzo y no en febrero”, expresó Rosario.

La dirigente sindical, quien ofreció este miércoles una conferencia de prensa junto a asesores legales y financieros en un hotel de Isla Verde, aludió a un borrador con las proyecciones del flujo de dinero en Puertos enviado a la Hermandad por el abogado Arturo Ríos Escribano, asesor de La Fortaleza.

“Aquí hay que preguntarse por qué se hace este desembolso cuando los estados financieros del 2011 reflejan que el préstamo que se tenía con Wells Fargo se saldó en diciembre de 2011… Si se tomó prestado con posterioridad, pues el gobernador tiene que explicarle al país por qué se hizo esa transacción”, dijo, por su parte, el abogado David Garavito, quien destacó que los estados financieros de 2012 de Puertos no se han hecho disponibles aún.

Benefició a su “amigo”

Entretanto, la presidenta de la Hermandad de Empleados de Oficina y Ramas Anexas sugirió que García Padilla favoreció a uno de “sus amigos” con esta transacción, que enfrentó una fuerte oposición entre líderes políticos y ciudadanos particulares.

“Que el gobernador nos diga públicamente si Roberto Prats, asesor de Aerostar, no ha visitado La Fortaleza”, soltó Rosario cuando se le preguntó a quién hacía referencia.

Prats, un exsenador popular, fue contratado por la empresa mexicana Aerostar Airport Holdings para cabildear a favor de la alianza público privada (APP) en el aeropuerto Luis Muñoz Marín.

Rosario denunció, además, que del informe de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) no surge una garantía de proteger los empleos de decenas de trabajadores de Puertos. Agregó que ya se evalúan las acciones legales que la Hermandad seguirá para intentar revertir el polémico contrato de arrendamiento.

Por su parte, Gravito señaló que, luego de la privatización, los gastos de los aeropuertos regionales superarán los ingresos de Puertos en casi $270 millones al cabo de los 40 años de arrendamiento.

“Si sacamos de la operación de la Autoridad de Puertos lo que produce el aeropuerto Luis Muñoz Marín ya tendríamos que preguntarnos cómo se va a subvencionar la diferencia, que está admitida por la propia Autoridad y que fue recogida en el informe de la FAA. Por tanto, en el inmediato se pudiesen estar afectando los empleados estrictamente del propio aeropuerto, pero en el mediano y largo plazo se está poniendo en peligro de existencia la propia Autoridad de los Puertos porque no va a tener los ingresos para poder subsistir”, agregó.

Sindicatos se unen a lucha civil

Más temprano, los líderes de los grandes sindicatos del país ofrecieron una conferencia de prensa frente al Capitolio para anunciar su integración a la lucha civil que encabeza la organización Pueblo Unido en Defensa del Aeropuerto (PUEDA) y que busca dejar sin efecto el polémico acuerdo contractual con Aerostar.

“Alejandro García Padilla acaba de echar por la borda su credibilidad. Contrario a lo que él afirma vehementemente para justificar su entrega a la empresa Aerostar, ha demostrado que no tiene palabra, pues su promesa fue que, en su gobierno, la gente sería primera”, expresó Luisa Acevedo, de la Federación Central de Trabajadores, quien estuvo flanqueada, entre otros, por Federico Torres Montalvo, de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, y José Rodríguez Báez, de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico.

Torres Montalvo, por su parte, explicó que cada sindicato realizará por separado protestas contra la recién consumada APP. Sin embargo, se unirán eventualmente en una actividad, cuyos detalles no se han afinado.

“Cuando escuchamos al gobernador explicando esta cuestión del aeropuerto veíamos un duplicado de Luis Fortuño hablando de la Ley 7 y los despidos”, opinó.

Mientras, el portavoz de PUEDA, Juan Camacho, anunció que este viernes al mediodía realizarán un piquete frente al Banco Gubernamental de Fomento en el Centro Gubernamental Minillas, donde ubican las oficinas de la Autoridad de las APP.

Fue exactamente en los portones del BGF que esta madrugada se encadenaron cuatro jóvenes afiliados a Partido del Pueblo Trabajador (PPT) en protesta por la privatización de la instalación portuaria.

Los manifestantes fueron identificados como Javier Andrés Cordova, Genaro Abraham y las ex candidatas a legisladoras por San Juan, Nicole Marie Díaz González y Shariana Ferrer.