Miles de empleados públicos podrían optar por renunciar o retirarse antes que se apruebe la reforma de los sistemas de retiro del Gobierno de Puerto Rico.

Irse... o no irse se ha convertido en toda una angustia para los trabajadores que estaban –bajo los parámetros actuales de la ley– próximos a jubilarse.

Según el propio Retiro, ese grupo lo componen unos 6,000 servidores públicos.

Se teme que antes del 30 de junio próximo, fecha en que se supone que se van a congelar las pensiones ya acumuladas, se retiren entre 500 y 800 miembros de la Uniformada. Estos querrían evitar que sus pensiones se vean reducidas sustancialmente.

La Asociación de Empleados del Gobierno de Puerto Rico, la unión Servidores Públicos Unidos (SPU), el Concilio Nacional de Policías (Conapol) y el capítulo de Puerto Rico de la American Association of Retired Persons (AARP) confirmaron que hay histeria y mucha preocupación entre los trabajadores. Las líneas telefónicas de esas organizaciones se están inundando de llamadas de gente, quienes están buscando orientación porque no saben qué hacer: si se jubilan o no antes que la reforma del Retiro ya sea una realidad.

La decisión no es fácil. Nadie tiene certeza de cómo quedará la legislación.

El vicepresidente de Conapol, Fernando Soler, dijo que en la Policía se espera que entre 500 y 800 miembros de la fuerza se vayan. “Ahí hay coroneles, comandantes, inspectores, capitanes, tenientes y agentes”, sostuvo el líder de la Conapol, preocupado con que una avalancha de renuncias cree un disloque en la Policía. “Hay oficiales que están en áreas sensitivas que se van a ir”, dijo.

La presidenta de la SPU, Annette González, informó que los teléfonos de ese sindicato, uno de los más grandes del Gobierno, no dejan de sonar por el interés de los trabajadores de hallar consejo.

“Diariamente nos llaman entre 50 y 60 personas. Hemos tenido que paralizar muchas otras tareas para dedicarnos a esto”, declaró.

González mencionó que los que están acudiendo a la unión están ansiosos por la falta de información. “Hay otro problema, y es que el Gobierno no ha medido qué va a pasar con los servicios si la gente que tiene derecho a irse se va… Esto podría culminar como otra Ley 7”, dijo.

A la SPU están llamando empleados en estado de “histeria” que dicen que quieren retirarse aunque sea “con el mínimo”, se supo ayer.

El director ejecutivo de la Asociación de Empleados del Gobierno, Arnaldo Ortiz, también confirmó que el número de trabajadores que está acudiendo a esa dependencia ha ido en aumento.

Los que quieren retirarse tienen que pedirle a la Asociación una certificación de deuda y esas solicitudes, dijo, han aumentado en los últimos días.

La ayudante de Ortiz, Ivonne Nieves, precisó que la Asociación, de ordinario, recibe entre 20 y 30 solicitudes de orientación y que ese número sobrepasa ahora los 100.

En la propia Asociación hay nerviosismo, aunque se supone que allí sean expertos en retiro. Ortiz ya sacó “sus números” y es posible que sea uno de los que opte por renunciar. Si no lo hace, perdería $1,500 mensuales de pensión.

Nieves, que cumplió 31 años en el Gobierno y hace tres semanas cumplió los 55 años, perdería $500 si se queda.

Nerissa Ávila, oficial administrativa del organismo, confesó que su situación es la más delicada, tanto así que no quiere “ni pensar” en el problema que se le viene encima. Cumplirá los 55 años el 2 de julio, y ese pequeño detalle le supondría perder gran cantidad de dinero, si se aprueba la reforma.

Ávila no se retiró antes con la esperanza de acumular el 75% de su salario en pensión. Si se va antes del 1 de julio, se queda con el 65% y si permanece en la Asociación, la pensión le bajaría al 60%.

Lysette Reyes es técnica de patología en Ciencias Forenses y experimenta una situación distinta. Su retiro está cobijado por la Ley 2000 y, con la reforma, señaló que tendría que retirarse a los 73 años. “Eso –señaló acongojada– no sería posible por el esfuerzo físico que conlleva este trabajo”.

La posibilidad de que se dé una avalancha de renuncias no es exageración. El director ejecutivo de la AARP en la Isla, José Acarón, manifestó que en estados como Wisconsin, cuando se comenzó a hablar de reformas de retiro, las jubilaciones se duplicaron.

Acarón recomienda que nadie tome decisiones apresuradas en estos momentos. “Es bueno que todo el mundo sepa cuál es su situación y con cuánto dinero va a tener que vivir si se retira. Todo el mundo debe hacer ese ejercicio independientemente de que se vaya a retirar a junio 30”, advirtió.

Deben estar atentos, además, a las enmiendas que se le podrían hacer a la medida.

Sobre las 6,000 personas que podrían retirarse, dijo que ese número está subestimado, que también hay gente bajo la Ley 2000 que se supone que sea más joven, “que también lo está pensando”.

Agregó que el Gobierno cuenta, además, con unos 30,000 trabajadores con una edad promedio de 53 años, que también están al borde de la jubilación.

En los Sistemas de Retiro negaron que la reforma haya provocado que una avalancha de empleados esté acudiendo a la agencia. El promedio de llamadas sigue siendo el mismo, y las pensiones radicadas tampoco han ido en alza, se aseguró. Comparado lo que va de marzo de 2012 a marzo de 2013, lo que ha habido son 51 radicaciones de pensión más.

Otros empleados que están poniendo el grito en el cielo, según se supo, son aquellos a los que les falta una orientación formal para cumplimentar su retiro. Miriam Toro, de DTOP, dijo que sin esa charla se tendrá que quedar 10 años más trabajando.

Eso no necesariamente sería así, ya que aún no se sabe la fecha de vigencia que tendrá el estatuto.

En la SPU se informó que el DTOP se comprometió a dar esas orientaciones durante el mes de abril, pero otras agencias no han hecho lo mismo.