“Ha habido un giro de timón por parte de la secretaria, de la percepción que había cuando se inicia la investigación de que Justicia pretendía incriminar a los acusadores en vez de a los implicados. Es un giro de timón favorable, porque el Gobierno ha valorado el alto daño que le ocasiona mantener la postura inicial, que era una apariencia muy negativa. Es una reacción de control de daños, ya que estamos hablando de figuras muy cercanas al gobernador y su gobierno, creo que tuvo que haberse evaluado cuánto daño se causaría no haciendo los referidos que el daño que pueda causar que hiciera los referidos”, argumentó Torres Rivera. 

La agencia también refirió al Tribunal Supremo a 15 abogados que interactuaron en los chats para que evalúe quiénes pudieron incurrir en violaciones a la Ley de los Cánones de Ética que rigen esa profesión.

 Ante el hecho de que la secretaria de Justicia no reveló los nombres de los abogados implicados, Torres Rivera considera que por tratarse de un caso de alto interés público deben revelarse las identidades del resto de los abogados que fueron referidos, cuyos nombres no se conocen porque no figuran entre los funcionarios que ocupan posiciones relevantes en el Gobierno. 

Argumentó que en esta situación está en juego la integridad de los funcionarios y el que se conozca sus identidades no le quita ninguno de los derechos que tienen para que se les prueben los cargos, confrontar la prueba en su contra y la presunción de inocencia.

En el caso del Ramos Sáenz, expuso que su renuncia a su posición como juez superior solo detiene el procedimiento que se seguía en el proceso disciplinario como empleado, pero no suspende la facultad de procesarlo por violación a la Ley de los Cánones de Ética como abogado.

También aclaró que el referido que se hace al PFEI de toda la prueba contra el exjuez, incluyendo a los abogados identificados como participantes de los chats y la investigación del Tribunal Supremo, corren por vías separadas porque se rigen por normativas diferentes.

Elogian resultados

Tanto el senador popular Aníbal José Torres como el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz elogiaron ayer a la secretaria de Justicia, por los resultados de la investigación. "No le tembló el pulso”, dijo el senador Torres para agregar que el informe de Justicia “es contundente”. 

Indicó que el informe de Justicia confirma sus denuncias de que se trataba de un esquema amplio que involucraba múltiples personas en el gobierno, muchas de ellas destacadas en la propia oficina del Gobernador. Ayer reveló en un programa de televisión que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), lo entrevistó en torno al asunto. 

"Esto constituye un capítulo triste en la historia de la administración pública puertorriqueña y muestra a las instituciones de nuestro gobierno asediadas por las acciones ilegales de un nutrido grupo de personas algunas de las cuales que advinieron a posiciones claves en el servicio público”, sostuvo Torres en conferencia de prensa en el Capitolio.

Indicó que el procurador Luis Román Negrón, quien figura en el grupo de WhatsApp, debe inhibirse del referido que hizo la secretaria de Justicia al Tribunal Supremo sobre la conducta de los 15 abogados que participaran en el chateo. 

Por su parte, el Presidente del Senado dijo en sus cuentas en las redes sociales que la Secretaria de Justicia actuó “con firmeza y sobre todo, con carácter”. 

“Se acabaron las especulaciones, las intrigas y los rumores. El “chat” y su escándalo fue obra de sus creadores y participantes, de nadie más. Las opiniones son libres; los hechos son sagrados”, dijo Rivera Schatz, quien también inició una investigación legislativa sobre el chateo y de las denuncias públicas que hizo sobre supuestas irregularidades en la CEE.