Con la intención de propiciar que las instrumentalidades públicas cumplan de una vez con la “Ley de Apoyo a la Microempresa, al Pequeño y Mediano Comerciante” (Ley 62-2014), la Administración de Servicios Generales (ASG) reunirá este jueves y viernes, en el Centro de Convenciones en Miramar, a los suplidores y compradores del Gobierno para orientarlos sobre las nuevas reglas del juego en la adquisición de bienes y servicios.

A más de seis meses de que se aprobara el referido estatuto, se desconoce con exactitud el nivel de cumplimiento de las agencias y entidades públicas, que deberán reservar, al menos, el 20% de las partidas asignadas a compras en su presupuesto para destinarlos a pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Luis Castro Agís, administrador de la ASG, explicó que uno de los principales escollos al implementar la ley es que, para poder obtener el trato preferente, los pequeños y medianos comercios deben estar certificados como Pymes en la Compañía de Comercio y Exportación (CCE), y eso apenas ocurre.

“Si no son certificados, no se puede dar ese por ciento de preferencia al que están sujetos y al que tienen derecho”, manifestó Castro Agís durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló.

El líder cameral señaló que, en Puerto Rico, el 90% de los negocios registrados son Pymes, y coincidió con el titular de la ASG en que igual proporción de ese sector podría existir entre los cerca de 8,000 suplidores que tiene el Gobierno.

Aunque no precisaron cuántas Pymes se han registrado en la CCE, este medio supo que la cifra apenas llega a las 35 empresas.

Durante la Expo Suplidores de Gobierno 2015, este jueves y viernes, personal de la CCE estará disponible para completar el registro de los pequeños y medianos comercios de manera que puedan beneficiarse de la Ley 62. Este trámite es gratuito, resaltó Castro Agís.

De igual forma, en el evento se discutirán otros estatutos e incentivos que afectan las relaciones entre el Gobierno y los suplidores, y se orientará a las instrumentalidades públicas sobre las exigencias de la nueva ley que beneficia a las Pymes.

“Vamos estar adiestrando a todos esos compradores del Gobierno, y vamos a estar apoderando a ese empresario local que cuando vaya a presentar sus servicios a ese comprador le diga: ‘estoy aquí, soy una Pyme y recuerde que, según la Ley 62, usted tiene que reservar, por lo menos, el 20% para comprarme a mí’”, dijo el líder cameral, gestor de la iniciativa Fuerza PyME y autor de la pieza legislativa.

“Luego de este evento, no debe haber excusa en ninguna agencia para no cumplir con la Ley 62”, aseveró.

Según Perelló, la reserva del 20% en el presupuesto de compras de las agencias podría representar una inyección de $100 millones para las Pymes.

El presidente de la Cámara de Representantes advirtió que a las agencias que incumplan con la Ley 62 se les retendría 1% de su presupuesto general como penalidad, y ese dinero se le asignaría a la CCE para fortalecer la ejecución y fiscalización del estatuto.

El administrador de la ASG, en tanto, dijo que las entidades que incumplan con la ley perderán su “nombramiento” como comprador. “Si no cumplen, no van a poder hacer más compras porque no van a tener esa delegación de parte de la ASG”, subrayó.

Perelló anticipó que, a partir del próximo año fiscal, que comienza el 1 de julio, se dispondría que el 20% del presupuesto para compras sea retenido en el origen, y no se haga disponible a las agencias hasta que confirmen que los recursos están destinados a Pymes.