Otro escandaloso contrato en la quebrada Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), esta vez para un asesor del director ejecutivo, Walter Higgins -que cobrará $22,700 mensuales-, generó diversas críticas ayer.

En horas de la mañana una vez trascendió públicamente el contrato de asesoría financiera otorgado a Víctor Peña, por $315 mil anuales, La Fortaleza envió un comunicado de prensa indicando que el secretario interino de la Gobernación, Luis Rivera Marín, le ordenó a la Junta de Gobierno de la AEE que revisara el acuerdo para que se ajuste la cuantía, tomando como referencia “las escalas salariales en la AEE a las funciones y servicios requeridos”.

La revisión debe ser esta semana y Rivera Marín le dijo a la Junta de Gobierno que tiene un término no mayor de 48 horas para presentarle un informe a la Secretaría de la Gobernación.

Pero, poco después, Rivera Marín reconoció a periodistas en La Fortaleza que fue él quien firmó la relación contractual. Dijo que el 30 de abril certificó la información que le sometieron “funcionarios de finanzas de la AEE” y añadió que la hoja de trámite decía el monto, pero alegó que nunca vio el contrato.

“¿Cómo puede cumplir con el requisito de la orden ejecutiva para la aprobación? ¿Cómo se aprueba lo que no se conoce?”, cuestionó, por su parte, el representante popular Luis Vega Ramos.

“Estamos ante un Gobierno que le miente al País. No tiene ninguna credibilidad”, reaccionó a su vez el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo.

“Es una falta de sensibilidad al País, mientras todavía hay sectores sin servicio eléctrico y mientras a los trabajadores no se les da equipo para trabajar. Pero no sólo este contrato es un descaro, sino el que la semana pasada le dieron a Cobra Energy por más de $500 millones”, dijo Figueroa Jaramillo.

Sostuvo que en la corporación pública el salario promedio de un trabajador es de $20 a $21 la hora, lo que equivale aproximadamente a $40 mil anuales.

“No se refuerza la plantilla de trabajadores, se les quitan derechos y ni $8 de dietas de la emergencia del huracán quieren pagar, pero se siguen dando contratos en una corporación que está bajo Título III (de Quiebra)”, sentenció Figueroa Jaramillo.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, calificó de ridícula la cuantía y de inaceptable el contrato.

“Estoy seguro que en ese contrato probablemente haya algún tipo de beneficio también si hay una terminación de contrato, pero le quieren quitar la Ley 80 a los trabajadores. Esa es la pregunta que tienen que contestar los que favorecen la derogación de la Ley 80. ¿Cómo quitarle al trabajador que no tiene ese poder de negociación o de defenderse, mientras los contratos de cientos de miles de dólares se siguen ofreciendo”, cuestionó Rivera Schatz.

“Me parece que dicha contratación es contraria a la dirección que va esta Asamblea Legislativa y el gobierno en cuanto a la transformación del sistema energético de Puerto Rico”, dijo, por su parte, el vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer.

Mientras tanto, una resolución que aprobó la Cámara el 1 de mayo para eliminar el bono de productividad y cualquier compensación adicional al salario base de $455 mil de Higgins está atascada “en trámites internos” de los cuerpos legislativos.

 La medida fue enmendada en el Senado el 21 de mayo y podría ser referida a un comité de conferencias.