La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, dijo ayer que la División de Integridad Pública ya culminó la investigación sobre el chateo político en la plataforma de WhatsApp entre un juez en funciones en la Junta de Inscripción Permanente (JIP) de Moca y miembros del equipo de campaña del gobernador Ricardo Rosselló.

“Es un informe voluminoso, tiene bastante información. No quisiera adelantar mucho con relación a los resultados, pero hay cosas muy serias allí”, expresó Vázquez a periodistas en el Capitolio.

Agregó que los fiscales asignados a la pesquisa culminaron el proceso de entrevistas y que están en el proceso final de confección del informe.

“Estamos en la etapa culminante de preparación del informe”, sostuvo sin entrar en detalles la funcionaria.

Confirmó que entre los entrevistados hay empleados de la JIP de Moca.

Dijo también que solicitaron el informe que rindió la Oficina de Administración de los Tribunales en torno al chat, que le costó la salida al juez Rafael Ramos Sáenz, de la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

 “Estamos reconciliando toda esa información”, expresó. 

“Creo que todo el pueblo de Puerto Rico quiere saber qué pasa con esa investigación, así que yo puedo entender el interés del presidente del Senado, (Thomas Rivera Schatz). Tan pronto el informe esté vamos a dar aquella información que se pueda”, sostuvo la secretaria de Justicia. 

Sin embargo, Rivera Schatz ripostó en declaraciones separadas, que fue Vázquez quien le pidió al Senado un término para completar la pesquisa.

“Cuando nosotros empezamos la investigación fue la secretaria la que pidió 30 días y cuando estaban a punto de vencerse los 30 días pidió dos semanas más. No es que el Senado le puso un término, fue un espacio que ella solicitó y por deferencia se le concedió”, dijo el líder senatorial del Partido Nuevo Progresista (PNP). 

Además del chat, la Comisión de Relaciones Federales del Senado investiga otros tres asuntos: el aspecto fiscal, operacional y presupuestario de la CEE, las hojas de asistencia de la Oficina de cómputos de la CEE (OCIPE) y unas declaraciones juradas que imputan a una funcionaria pretender que se alterara un documento para incumplir con una orden que había emitido un tribunal contra la CEE.