Un informe preliminar de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social del Senado reveló que desde 2010 la compañía APS Healthcare ha facturado cerca de $432 millones al gobierno del Estado Libre Asociado (ELA) para servir a 1.6 millones de pacientes, pero sólo ha atendido anualmente el 10 por ciento de éstos.

Los hallazgos del informe revelan también que la Administración de Seguros de Salud (ASES) no ha fiscalizado adecuadamente a la empresa, que administra los centros de servicios de salud mental como parte de la reforma de salud y desde 2010 es el proveedor único de estos servicios.

El portavoz de la mayoría popular en el Senado, Aníbal José Torres y la presidenta de la comisión, Rossana López León, dieron a conocer este miércoles en una rueda de prensa los resultados preliminares de la investigación y anunciaron que referirán los hallazgos al Departamento de Justicia, a la Oficina del Contralor y a la Oficina de Ética Gubernamental. No descartaron tampoco, otros remedios legislativos, como interpelar a directivos de APS y ASES.

 “Nosotros vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Nuestra responsabilidad es levantar bandera para que el País sepa lo que está pasando, que no permitan que esto pase inadvertidamente y que la Junta de Gobierno (de ASES) tome acción. Queríamos destapar esta olla de grillos, como es que se están contratando servicios que no se están dando”, dijo el senador Torres.

Indicó que el director ejecutivo de ASES, Ricardo Rivera, está al tanto de la investigación, pero sostuvo que la responsabilidad por la fiscalización de APS no es sólo del funcionario sino de la junta. “Creo que él tiene la capacidad para enderezar el barco, lo que no pueden es hacerse de oídos sordos”, sostuvo el legislador.

“No puedo personalizar el problema, no es la persona”, agregó en cuanto al desempeño de Rivera.

La senadora López León explicó que la información que recopilaron refleja que en casos de personas con intento de suicidio o con problemas de drogadicción muchas veces los servicios no son aprobados por APS y añadió que personas que no son profesionales de la conducta están ofreciendo servicios de salud mental.

“No hay guías clínicas ni uniformidad en los servicios ambulatorios. Un solo médico le da servicio diariamente a cerca de 25 a 30 pacientes. En caso de antidepresivos la evidencia que tenemos es que cuando los pacientes salen de los hospitales y llegan a las clínicas de APS, les cambian los medicamentos a menos costosos”, sostuvo la senadora, quien agregó que algunos psiquiatras hablaron con la Comisión bajo confidencialidad, por temor a que les quiten los contratos.

López León dijo que ASES “tiene que velar y fiscalizar la calidad de servicios que se le ofrecen a estas personas y tiene que  utilizar a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) a la que le quitaron las funciones ministeriales”.

La legisladora detalló que identificaron múltiples violaciones a las leyes de agencias como el Departamento de Salud, Assmca, Salud Mental, ASES y a la Carta de Derechos del Paciente de Salud Mental.

El informe parcial sostiene que ASES “no ha demostrado supervisión y monitoreo efectivo sobre la ejecutoria del contratista”. En torno a la APS, el informe dice que ha generado poca actividad en el área de calidad de cuidado. “No hay evidencia confiable sobre ejecutoria ni efectividad de los programas clínico preventivos”, señala el documento que además agrega que tampoco “hay evidencia de cumplimiento con los programas de autismo, obesidad, diabetes, déficit de atención, buprenorfina y depresión.

El informe indica que APS no cumplió con el modelo de colocación desde 2010 y como consecuencia se afectó el acceso a servicios primarios, el seguimiento y el tratamiento multidisciplinario de los pacientes de salud mental. “Luego de tres años de contrato, el modelo de colocación no se pudo concretar. Solamente 94 de las 254 oficinas médicas cumplió con la expectativa de 16 o más horas semanales”, establece el documento.

Indica, además, que los pacientes mentales seriamente enfermos no reciben servicios médicamente necesarios.

El presidente de APS en Puerto Rico, Alex Cardona, dijo, por su parte, que el por ciento de pacientes que reciben servicios es consistente con el de Estados Unidos. “En este caso es un porciento que sé que está por encima del 10 por ciento. No llega al 20, pero está por encima del 10 por ciento”, indicó Cardona.

Sostuvo que mediante el modelo de “capitation”, del plan Mi Salud, el gobierno paga una cantidad fija mensual por el universo de los pacientes suscritos. “Ni en Puerto Rico, ni en Estados Unidos es esperado que el 100 por ciento reciban servicios. No todos los pacientes tienen esa necesidad”, sostuvo Cardona.

En tanto, el director ejecutivo de ASES no estuvo disponible para responder preguntas de este medio. Su oficial de prensa no devolvió llamadas reiteradas para indagar con el funcionario sobre este asunto.