La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) celebró hoy una audiencia pública en la que se presentaron los hallazgos y recomendaciones de los investigadores independientes que analizaron la deuda de Puerto Rico y su relación con la crisis fiscal.

Los investigadores de Kobre y Kim, John Curriel y Farrington Yates, detallaron sobre las causas que identificaron detrás de la enorme deuda que lastra a Puerto Rico, y mencionaron repetidamente la intromisión política y la falta de supervisión adecuada y transparencia en los procesos fiscales como algunas de las causas detrás de la debacle económica.

Entre las principales recomendaciones del informe de más de 600 páginas, de hecho, sobresale la de recomponer las juntas directivas de las utilidades públicas (Autoridad de Energía Eléctrica y Autoridad de Acueductos y Alcantarillados), de manera que tengan una combinación de miembros nombrados por el gobernador e independientes, con plazos más largos y escalonados en todas las administraciones.

Los investigadores también recomiendan que se enmiende la Constitución para que las deudas que se vayan a recobrar a través de impuestos, como la de Cofina, cuenten para su cálculo el límite de deuda constitucional. También proponen adoptar un estatuto que requiera que los bonos o la estructura del emisor sean validados por un tribunal de jurisdicción competente antes que sea emitida la deuda.

Asimismo proponen adoptar un sistema de contabilidad y presupuesto conjunto y modernizado que incorpore controles automáticos de suspensión de pagos para las categorías presupuestarias agotadas.

De igual forma, recomiendan que la Oficina de Ética Gubernamental emprenda reformas específicas, como la implementación de un programa de denuncias o recompensas.

El informe, no obstante, no señala responsables específicos por las determinaciones erróneas que llevaron al problema actual. Sí resalta diversas acciones que se tomaron por parte de gobiernos, bancos, y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), entre otros, que abonador al colapso fiscal. Según Curriel y Farrington, su encomienda no era encontrar esos responsables, sino identificar los errores y las posibles acciones para corregirlos.

Los representantes de la JSF que estuvieron en la presentación del informe, Ana Matosantos, David Skeel y Arthur González, dijeron que ahora se evaluarían esos hallazgos y recomendaciones para ver qué medidas podrían ponerse en práctica lo antes posible.

Durante la presentación del informe, un grupo de ciudadanos se presentó en el salón y realizó una protesta silente portando un letrero en rechazo a la JSF que leía, “La Junta miente, hablemos de la verdad”. La presentación continuó, con la protesta de manera simultánea, sin que se registrara ningún incidente.