Los pensionados se sienten acorralados tras las recomendaciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de recortar 10% lo que se les paga.

De implementarse esa medida, que aplicaría a más de 121,000 personas, la crisis humanitaria sería inminente, según líderes de 15 asociaciones que agrupan pensionados.

“Necesitamos seguir viviendo. Es una cuestión de supervivencias, de dignidad, de que no seamos una carga para nuestros familiares. Con estas decisiones y leyes nos dejan en la indigencia”, dijo ayer Roberto Aquino García, miembro del movimiento y presidente de la Asociación de Pensionados del Gobierno.

Recordó que con la Ley 3 de 2013 hubo un recorte a las pensiones de unos $500 provenientes de los bonos de verano y Navidad. En la actualidad el promedio mensual que reciben muchos retirados es de $500 y eso no es suficiente para comprar alimentos, pagar medicinas y llevar una vida digna. En esa situación están decenas de miles de personas mayores.

“Si se recorta ese 10% se pone en situación paupérrima e insoportable al pensionado”, manifestó.

Además, dijo que no era justo rendir los mejores años productivos trabajando y aportando del sueldo con unas expectativas de tranquilidad en la vejez y que cada vez se menguen más esas retribuciones ganadas.

Marcos López, presidente de la Asociación de Jubilados de la Universidad de Puerto Rico, indicó que la realidad es que muchas familias dependen de sus viejos para suplementar sus necesidades en una relación sumamente compleja.

“Cualquier acción que mine los recursos con los que ellos cuentan en este momento, sencillamente, nos va a crear una situación seria en todos los niveles”, enfatizó.

Por su parte, el portavoz del movimiento y director ejecutivo del Sindicato de Policías Puertorriqueños, José Marín, expresó que tienen múltiples alternativas entre las descartadas durante el 2013 y otras nuevas para ofrecerlas al gobernador y que declinó ofrecer públicamente, para que el mandatario los escuche de primera mano.

Además, enfatizó en que no se puede comparar la situación del País  con la de la ciudad de Detroit porque allá el sistema de pensiones se “tragaba” una tercera parte del presupuesto y había un espacio para recortar. En la Isla ya se hicieron recortes, el gobierno no cumplió con las aportaciones que le tocaban y encima no se pueden acoger a un capítulo de quiebras federal.

Cálculos del gobierno apuntan a que con la eliminación de los bonos de verano y navideño se logró una inyección al fisco de $60 millones anuales.

“No puede ser que nuestros viejos paguen los platos rotos de lo que los gobiernos hicieron... La ley Promesa obliga a resolver el problema de los sistemas de retiro. Quitarle dinero a los pensionados no resuelve el problema, crea otro más grave. Opciones y alternativas hay, pero como depende de la presión, nos hemos visto en la obligación de crear este movimiento. No nos podemos quedar sin voz”, señaló. 

Destacó que ya están en el trámite de solicitar reuniones con Rosselló  y con los miembros de la Junta para llevarles sus ideas y aportar a crear otras vías de acción que no los impcten. 

Genoveva Ríos Quintero presidenta de la Asociación de Ex Empleados Socios del ELA (AESA), convocó a todas las agrupaciones que se relacionan con pensionados a que se unan al movimiento “para establecer una alianza fuerte que necesitamos para reclamar nuestros derechos”.

Y Nilda Laureano encargada del capítulo de retirados de la Asociación de Empleados de Comedores Escolares  planteó que la población está envejeciendo y cada vez será más los afectados por estos recortes, por lo que se unió al llamado a que todos los grupos que reúnen personas mayores se unan al reclamo.