Insisten en sacar a las aseguradoras para lograr acceso a la salud

Por Rebecca Banuchi 09/10/2013 |06:06 p.m.
Según Rafael Bernabe el acceso universal a la salud podría materializarse solamente si se pone en vigor un sistema de pagador único.
Bernabe reconoció que el cambio de modelo que impulsa la colectividad encontrará una fuerte oposición por parte de aquellos sectores, como las aseguradoras, que ahora ocupan una posición preponderante en la industria de la salud. (Archivo)  

El compromiso del gobernador Alejandro García Padilla de garantizar el acceso universal a la salud, podría materializarse solamente si se pone en vigor un sistema de pagador único que sustituya el modelo actual en el que compiten las aseguradoras privadas.

Esa es la opinión del profesor Rafael Bernabe, excandidato a la gobernación por el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), al defender el sistema mediante el cual los ciudadanos, en lugar de pagar a los planes de salud privados, aportarían -según sus ingresos- a un fondo público del cual todos formarían parte, y esos recursos se utilizarían para pagarles a los proveedores de los servicios de salud.

"La única forma de hacerlo real (el acceso universal a la salud) es mediante un sistema de pagador único", destacó Bernabe hoy, durante las vistas públicas de la comisión cameral de Salud, que preside la representante Lydia Méndez.

"Este sistema permitirá reducir los costos burocráticos y de publicidad exorbitantes que supone tener múltiples aseguradoras. Los recursos se dedicarán al servicio y no al papeleo y la administración de los planes. Libre del objetivo del lucro, el sistema tendrá interés en reducir costos evitando enfermedades y promoviendo la medicina preventiva", añadió el académico.

La comisión legislativa evalúa un proyecto de ley que crearía una comisión multisectorial para estudiar la viabilidad, la organización y el financiamiento de un Sistema Universal de Salud, que deberá enfocarse en evaluar el modelo de seguro tipo pagador único.

El PPT figura entre casi una veintena de organizaciones peticionarias del proyecto de ley. La medida fue presentada por el presidente cameral Jaime Perelló y por Méndez Silva.

Bernabe, sin embargo, reconoció que el cambio de modelo que impulsa la colectividad encontrará una fuerte oposición por parte de aquellos sectores, como las aseguradoras, que ahora ocupan una posición preponderante en la industria de la salud.

"Los que se lucran del sistema actual van a defender esas ganancias... Esa batalla va", advirtió Bernabe.

Resaltó que el sistema que respalda fue puesto en vigor en el estado de Vermont (EE.UU.), y existe en países como Canadá, Australia y Taiwán, y se asemeja a la estructura actual de prestación de servicios a los veteranos del Ejército de los Estados Unidos.

La representante Jenniffer González, portavoz cameral de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), dijo que, "en teoría", no se opone a la adopción del modelo del pagador único, pero alertó que tiene su costo.

A modo de ejemplo, González mencionó que en Taiwán, para sostener ese sistema, la fuerza laboral tiene que aportar entre un 10% y 15% de sus salarios.

De aprobarse el proyecto, se crearía una comisión multisectorial con no más de 20 integrantes que representarían a los pacientes, los profesionales de salud mental, el sector comunitario, los sindicatos en el área de la salud, los farmacéuticos, hospitales, la industria de seguros de salud, entre otros.

El organismo gozaría de autonomía fiscal y administrativa, y operaría con una asignación de $300,000 del Fondo General.

 Eva Prados, coordinadora general de la Cumbre Social, organización que también promueve la medida, defendió el modelo de gobernanza participativa propuesto, e insistió en la importancia de que se confiera a la comisión multisectorial la autoridad necesaria para que pueda cumplir su misión.

"Los poderes asignados a esta comisión nos parecen los justos y adecuados para tamaña encomienda. Es indispensable que esta comisión cuente con los recursos y poderes para hacer de sus análisis uno profundo y completo", aseveró la abogada Prados.

La entidad propuesta tendría ocho meses para rendir un informe con sus hallazgos ante el Gobernador y la Asamblea Legislativa, y durante ese período deberá, además, someter ante el Primer Ejecutivo los anteproyectos de ley que permitan establecer el Sistema Universal de Salud.