El ex recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández Pérez, quien se declaró culpable en el foro federal por incurrir en un esquema de corrupción para obtener contratos con el gobierno, se presentó ayer al Tribunal de Primera Instancia de San Juan, donde encara un caso de evasión contributiva.

En la Sala 608, la jueza superior Elizabeth Linares programó el desfile de prueba contra Hernández Pérez y su esposa, Verónica Ponce Peña, para los días 14, 15 y 16 de septiembre,

Con rostro serio y sin emitir palabra, el contratista entró y salió de la Sala 608, mientras, a poca distancia,  en el Tribunal Federal, el ex administrador de la Cámara de Representantes, Xavier González Calderón, en horas de la tarde hizo formal alegación de culpa por el esquema de fraude ideado por Hernández Pérez, para aprovecharse de sus conexiones  políticas y  beneficiarse de contratos por $2.1 millones, según se anticipó desde la semana pasada.

A Hernández y a su esposa se les imputa no rendir ingresos en 2014 por $476,147. Además se alega que no reportó otros $131,859.96 de la compañía Kendall Consulting, de la cual es su socio principal.

La jueza dejó citada en corte abierta a los testigos del Ministerio Público, representado por el fiscal Iván De Jesús González, de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia. El fiscal no descartó una negociación en el caso, pero subrayó que el acusado tiene que “ponerse al día”.

Mientras, el abogado de Hernández Pérez, Antonio Sagardía indicó que verá el caso y anunció que el auditor del Departamento de Hacienda, Raúl Rodríguez será testigo de la defensa. 

“Este es un caso donde la vara que se utilizó contra Anaudi Hernández a nivel estatal nunca había pasado en la Isla. Cuando se radica un caso de fraude contributivo tiene que haber un patrón. Esa es la práctica normal y aquí no se siguió esa norma”, afirmó.

Reclamó que Hernández Pérez “siempre ha sido una persona que rinde sus contribuciones sobre ingresos” y atribuyó la omisión a que un contable no le había dado la información. “Aquí no hubo intención criminal tampoco”, alegó el abogado.

Sobre el estado de ánimo de su representado, el abogado dijo que “nadie que enfrenta acusaciones a nivel estatal y que enfrentó acusaciones a nivel federal puede estar tranquilo. El que diga lo contrario no ha pasado por eso, eso afecta familia, los hijos, pero lo importante es que uno viene con la frente en alto aquí”.

Sagardía expresó que ya “se hizo una auditoría y se rindió una planilla. Ahora viene el proceso donde se determina si hay una deuda, un plan de pago, lo que se hace con todos los contribuyentes”.

El fiscal, sin embargo, sostuvo que desde la vista de causa para arresto, la defensa se acercó al Ministerio Público en busca de un acuerdo. “Se le indicó que para llegar a un acuerdo (el acusado) tenía que ponerse al día con el erario y radicar las planillas que tiene pendiente. Por eso, es que pedimos a un auditor para que haga ese trabajo”, explicó De Jesús González.

El fiscal dijo también que estudiará la posibilidad de acudir al Tribunal de Apelaciones en revisión de la decisión de la jueza de permitir que el auditor de Hacienda declare como testigo de la defensa.

Señaló, además, que la auditoría de las planillas de Hernández Pérez y de Kendall Consulting no ha terminado.

“Aquí lo que hay que demostrar es que (Hernández Pérez) no radicó, que tenía la obligación de radicar y que podía pagar”, dijo el fiscal.  Además, rechazó que haya un trato diferente contra Hernández Pérez y añadió que cuenta con cinco testigos, emplados técnicos de Hacienda.

En foro estatal contra Hernández Pérez y su esposa pesan ocho cargos  por violación a la Sección 6030.11 (d) del Código de Rentas Internas (dejar de rendir planillas).

Contra Hernández Pérez, el  3 de diciembre de 2015, un gran jurado  emitió un pliego acusatorio de 25 cargos por conspiración, soborno, extorsión, destrucción de evidencia, declaraciones falsas, obstrucción a la justicia y lavado de dinero, entre otros.

En febrero pasado, Hernández Pérez se declaró culpable en el foro federal, a cambio de una sentencia recomendada de entre cinco años y ocho meses a siete años y tres meses de prisión.

Alegación de culpabidad

Cinco de las otras nueve personas coacusadas con Hernández Pérez por conspirar para cometer esquemas de fraude contra la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Cámara de Representantes ya hicieron alegación de culpabilidad.

En ese grupo figura González Calderón, así como Sonia Barreto Colón, exdirectora de compras de la AAA; Javier Muñiz Álvarez, empleado de JM Training Group; Carlos Luna Cruz, quien ofrecía servicios a JM Training Group; y Víctor Burgos Cotto, exdirector de Informática de la Cámara.

En el caso de González Calderón, aceptó haber conspirado para cometer fraude electrónico y por malversar fondos públicos en el proceso que buscaba reemplazar el sistema telefónico de la Cámara de Representantes.

La magistrada Camille Vélez aceptó la declaración de culpabilidad de González Calderón después que el fiscal federal José Capó advirtiera que el exadministrador de la Cámara se expone a unos 20 años de cárcel sin derecho a libertad supervisada hasta después de tres años de reclusión. También, las penas en estos casos pueden incluir hasta $250,000 en multas.

Solo cuatro coacusados quedan pendiente de juicio, si no hacen alegación de culpabilidad antes. 

El juicio por jurado contra  la exadministradora de la Administración de Derecho Laboral (ADL) Sally López, la ex vicepresidenta de la AAA, Ivonne Falcón Nieves y  su hermana, Marielis, está pautado para iniciar el 15 de agosto. También figura en la lista Glenn Rivera Pizarro, ex asistente de González Calderón.