El vicepresidente de la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, confirmó esta mañana la investigación legislativa que realiza ese cuerpo en torno a posibles fraudes cometidos por la empresa Caribbean General Group en el proceso de facturación y cobro por las construcciones que realizó para el Programa de Comunidades Especiales.

El representante reveló, en entrevista con Noti Uno 630, que la administradora del Registro de Licitadores de la Administración de Servicios Generales (ASG), Sandra Pérez, indicó en vistas camerales que algunos documentos sometidos por la compañía no eran reales.

“(Pérez dijo que) no es posible que salga una certificación de un licitador sin su firma porque es el último paso que se da en el sistema para emitir una certificación. Esta compañía tiene varias certificaciones de elegibilidad que no aparecen, y la mayoría de ellas están plagadas de errores”, expresó el legislador.

“Ella (Sandra Pérez), bajo juramento, dijo a la comisión que estas certificaciones no eran reales, que son alteradas, que son falsificadas”, puntualizó Rodríguez Aguiló.

La Comisión cameral de Asuntos de Familias y Comunidades investiga irregularidades en el programa de Comunidades Especiales, una iniciativa que comenzó durante la incumbencia de la exgoberadora Sila M. Calderón.

Según un reportaje de Noti Uno, entre las irregularidades detectadas en los documentos de Caribbean General Group se encuentran papeles sin la firma de Pérez, el nombre de Puerto Rico abreviado a pesar de que las computadores de la agencia están programadas para incluirlo completo y que la póliza de seguros de la empresa tiene fecha de 2007 para vigencias que corresponden al 2008 y el 2010. Asimismo, indicaron que existe una carta que indica que la póliza no está activa desde el 2006.

“Esto demuestra que esta compañía, la del señor Manuel Rivera, se ha estado llenando los bolsillos de fondos públicos falsificando y alterando documentos. Este es el pillaje, el uso y costumbre de esta compañía”, expresó Rodríguez Aguiló sobre las irregularidades detectadas en el expediente de la empresa correspondiente a los trabajos que realizó en la comunidad El Vigía, en Arecibo.

“Vamos a ver qué redunda en los demás, cerca de $37 millones que tiene en proyectos de comunidades especiales”, agregó.

Rodríguez Aguiló fue más allá e identificó a Rivera como compañero de la senadora popular Sila Mari González, hija de la ex gobernadora Calderón.

“Sería interesante escuchar la reacción de él, de estos documentos falsificados en el expediente de El Vigía, un proyecto que cada residencia costó cerca de $325,000 en Arecibo”, puntualizó.

Rodríguez Aguiló adelantó que la comisión se encuentra en el proceso de terminar las transcripciones de las vistas para completar un informe y someterlo ante el Departamento de Justicia.

De igual forma, indicó que realizan esfuerzos dirigidos a citar al presidente de Caribbean General Group para que conteste preguntas ante la comisión.

El pasado 7 de junio el gobernador Luis Fortuño entregó unas 50 viviendas en esa comunidad, un proyecto que, según el mandatario, requirió una inversión total de más de $17 millones, que se traducía en un costo de $325,000 por unidad de vivienda.

En ese momento, Fortuño indicó que el alto costo ejemplificaba los problemas que afectaron el Programa de las Comunidades Especiales desde sus inicios debido a los errores en diseños y constantes cambios de órdenes.