Ante la posibilidad de que aumente el salario mínimo federal, como sugirió el presidente estadounidense, Barack Obama, un informe de la Cámara de Representantes local recomendó al Gobierno que diseñe una estructura que permita la implementación gradual y escalonada del alza propuesta.

La medida forma parte de los hallazgos iniciales de una investigación que realizan la Comisión cameral de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro del Servicio Público y la de Asuntos Federales e Internacionales y Asuntos del Veterano sobre el impacto que pudiera tener un aumento en el salario mínimo de $7.25 a $10.10 la hora.

El informe suscrito por los senadores Jesús Santa y Ángel Matos sugiere, además, que si se concreta el incremento salarial, se tomen en consideración, al aplicarlo, las particularidades de cada sector económico.

"Una empresa de tecnología, intensiva en capital, debe absorber mejor y más rápido el aumento que una panadería o una farmacia local. Una manera endógena de enfrentar el aumento es que el Gobierno, a través del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, identifique los sectores que se quieren proteger para evaluar alternativas viables y sostenibles para asistirles por un tiempo limitado en la implantación de los aumentos salariales", reza el documento de 20 páginas.

Esas son las recomendaciones iniciales de las comisiones camerales, pues el estudio sobre los efectos del alza en el mínimo federal aún no ha concluido. Se espera que los organismos legislativos consulten, además, a la Junta de Planificación para examinar los efectos en el sector privado, y a organizaciones como la Cámara de Comercio, la Asociación de Industriales, la Asociación de Farmacias de la Comunidad, entre otras entidades.

La representante Jenniffer González, portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), recomendó este lunes durante la sesión legislativa en la que se dio por recibido el informe que, como parte de la investigación, se recojan también los comentarios de economistas del país y de Estados Unidos.

El Centro Unido de Detallistas (CUD) ofreció a las comisiones camerales un anticipo de lo que, a su juicio, provocaría el aumento propuesto por el presidente Obama, y pintó un panorama crítico, sobre todo, para los pequeños y medianos negocios.

Enid Monge, presidenta del CUD, dijo como parte del análisis que el aumento en el salario mínimo federal podría conllevar, en el caso de Puerto Rico, "el cierre de miles de comercios", en su mayoría de pequeños y medianos comercios, que según expuso, generan más de la mitad de los empleos a tiempo completo y con beneficios en la Isla.

"Puerto Rico no se encuentra preparado para asumir un aumento en el salario, como tampoco lo está el pequeño y mediano sector empresarial. Mientras más comercios cierren y quiebren, habrá menos empleos, menos ingresos al fisco y al Gobierno en general, así como una economía quebrantada en todas sus fases", subrayó,

El Instituto de Estadísticas, a través de su director ejecutivo, Mario Marazzi, dijo que la ausencia de estadísticas sobre los ciudadanos que devengan el salario mínimo federal dificulta la evaluación sobre el impacto de un posible incremento en ese renglón.

Sin embargo, con los datos de la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico del 2011 del Negociado del Censo federal, determinó que cerca de 262,000 personas en Puerto Rico ganaban menos de $10.10 por hora ese año. Se estima que la nómina total de ese grupo ascendió entonces a $2,400 millones, y si se aprueba el incremento, habría que disponer de $1,600 millones adicionales para cubrir los salarios en un plazo de 12 meses.

De otra parte, la Cámara aprobó un proyecto para crear el "Programa Especial de Servicios para Identificar y Reintegrar al Desertor y la Desertora Escolar", que estaría adscrito al Departamento de Educación para atajar el problema de deserción escolar. La delegación del PNP se abstuvo de la votación por entender que carecía de información suficiente para formularse un criterio sobre la pieza legislativa.

Igualmente, le dio paso a una resolución para investigar el uso de los cigarrillos electrónicos en la Isla. El asunto también es materia de debate en el Senado a raíz de un paquete de medidas que presentó la semana pasada el senador Cirilo Tirado.

Asimismo, la Cámara favoreció de manera unánime un proyecto que le da mayor flexibilidad al Departamento de Salud para establecer mediante reglamentación los parámetros mínimos que deben tener las pruebas para detectar microorganismos patógenos que se usarán en instituciones médicas para cumplir con la "Ley para el Control y Prevención de Infecciones en Instalaciones Médicas" del 2012.