Las autoridades puertorriqueñas informaron el lunes que una investigación preliminar arrojó que el alcalde del sureño municipio de Guayanilla pudo haber cometido acoso sexual hacia una empleada.

El secretario de Justicia, César Miranda, dijo que la querella de la empleada municipal Lumari Torres Pérez contra el alcalde Edgardo Arlequín Vélez sería referida ahora a la Oficina del Fiscal Especial Independiente, encargada de investigar denuncias contra funcionarios públicos.

"Según se desprende de la investigación, en junio del año 2013 Arlequín Vélez dirigió palabras impropias, con alto contenido sexual y no deseadas contra la mujer, relacionadas a un tatuaje. En ese momento el alcalde pretendió mantener en contra de su voluntad a Torres Pérez en su oficina, al cerrar la puerta con seguro", indicó en un comunicado. Posteriormente, el alcalde presuntamente hizo otros comentarios de índole sexual a la mujer, incluso frente a sus hijos.

Además del presunto delito de acoso sexual, el alcalde pudo haber violado la Ley de Ética Gubernamental, que tipifica como delito grave con pena fija de cuatro años de cárcel el que un servidor público use los deberes y facultades de su cargo para obtener cualquier beneficio que no esté permitido por ley.

La Oficina del Fiscal debe realizar ahora su propia investigación y determinar si al alcalde se le deben radicar o no cargos criminales.