La Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor de la Asamblea Legislativa investiga el uso de fondos públicos y otras prácticas administrativas en la Universidad de Puerto Rico (UPR) a base de los hallazgos contenidos en 30 informes de auditorías emitidos por la Oficina del Contralor.

Sin embargo, los senadores y representantes que componen el organismo legislativo salieron este miércoles de una vista pública sobre el tema con más preguntas que respuestas, pues el presidente de la UPR, Uroyoán Walker, se excusó, y en su lugar, acudió Jannice Fuentes, coordinadora de auditorías del sistema universitario. 

A pesar de que la funcionaria presentó la ponencia suscrita por Walker, y sometió ante la comisión voluminosos documentos, el representante popular Nelson Torres Yordán, presidente del organismo legislativo, determinó suspender los trabajos, y posponerlos hasta el 12 de agosto, cuando deberá comparecer el presidente de la UPR y la contralora Yesmín Valdivieso, quien también había sido citada para este miércoles y se ausentó. 

“Le he estado haciendo unas preguntas para sentar las bases para que el pueblo entienda que la UPR no es algo sencillo, es algo complejo, es el centro docente más importante de este país que recibe fondos públicos… y es el deber de esta comisión darle seguimiento a los dineros para que sean bien utilizados y que, de una vez y por todas, estas situaciones que ha señalado la contralora se les dé un seguimiento real”, le manifestó Torres Yordán a Fuentes durante la audiencia pública.

“Entendemos que es el presidente de la universidad el que debe contestar las preguntas”, subrayó el legislador popular.

Aunque la vista terminó prematuramente, Fuentes advirtió al presentar la ponencia que el presidente de la UPR solo atiende directamente las auditorías de la Oficina del Contralor cuando se refieren a asuntos de la administración central o de algunos de sus funcionarios.

Resaltó que el sistema universitario está compuesto por 11 unidades autónomas cuyos rectores se encargan de contestar cada uno de los señalamientos de los informes y establecer el plan de acciones correctivas. Desde la administración central y la Oficina de Auditoría Interna, se supervisa que cada recinto complete ese proceso y someta sus respuestas ante la contralora. 

Fuentes reconoció que la Oficina del Contralor ha identificado una serie de situaciones que se repiten recurrentemente en el sistema de la UPR, y entre estas, mencionó aspectos relacionados con los controles administrativos e internos, sobre los procesos de compra, cuentas por pagar, desembolsos, el manejo de personal y de la propiedad, el uso de efectivo y las cuentas por cobrar.

“En general, se habla de la falta de uniformidad en los procesos, y en ese aspecto estamos concentrando nuestros esfuerzos”, indicó.

La coordinadora de auditorías de la UPR dijo, además, que la reglamentación señalada por los informes está siendo atendida, y que la Junta de Gobierno de la institución ha aprobado algunas de las enmiendas o normativa correspondiente para corregir los señalamientos. Advirtió, sin embargo, que esos trámites suelen dilatarse debido a la complejidad y tamaño del sistema. 

“El proceso de enmienda y desarrollo de reglamentación o normativa en la UPR es un proceso complicado por el protocolo que se debe observar para la consecución de los mismos”, puntualizó Fuentes.