Investigarán paralización de los casos en el DACO

01/28/2013 |06:47 p.m.
La Comisión de Asuntos del Consumidor realizará una investigación exhaustiva para evaluar las razones para la detención de los procedimientos adjudicativos del DACO.

La Cámara de Representantes aprobó hoy, lunes, varias resoluciones mediante las cuales se ordena investigar algunas de las operaciones del Gobierno, entre ellas, la paralización de los casos sometidos en el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), debido al cierre de sus oficinas principales, en Santurce, por contaminación de asbesto.

De esta forma, la Comisión de Asuntos del Consumidor y Prácticas Antimonopolísticas realizará una investigación exhaustiva para evaluar las razones para la detención de los procedimientos adjudicativos del DACO y las alternativas existentes para acelerarlos y culminarlos.

 La Resolución de la Cámara 99 fue la única de las medidas hoy aprobadas que contó con el absoluto rechazo de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP). Al final, se aprobó con 28 votos a favor y 21 en contra. Las demás resoluciones fueron aprobadas por unanimidad.

De acuerdo con la exposición de motivos, durante el año 2010 se presentaron al DACO unas 10,000 querellas, número que ha incrementado en los pasados años.

 En mayo del año pasado, se frenó de forma indefinida la investigación de todos los casos que ya estaban sometidos en esa agencia debido al cierre indefinido de las instalaciones ubicadas en el Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella.

 “Eso ha significado la paralización de cientas de querellas sometidas por consumidores en detrimento del adecuado descargo de la ministerial responsabilidad pública de atender los reclamos de los consumidores, en un término razonable de tiempo”, reza la medida. La agencia determina que ese tiempo no debe exceder los 120 días.

De este modo, la resolución plantea que se evalúen las alternativas para efectuar la recuperación de expedientes, por medio de métodos especializados o de su reconstrucción.

“Lo que no resulta procedente es la inacción de dicha agencia en detrimento de los derechos de los consumidores puertorriqueños. Es inaceptable que la administración anterior del DACO claudicara su deber ministerial sin realizar un ejercicio razonable mínimo para identificar mecanismos creativos que permitieran superar los retos que conlleva el desalojo indefinido de su oficina principal”, señala.

La Legislatura también determinó investigar los planes de cobro, auditoría y fiscalización del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), y la implementación del programa IVU Loto.

 "Una mayor captación del IVU le podrá brindar al gobierno la oportunidad de utilizar esos recursos para crear empleos, brindar más beneficios para los empleados públicos, crear nueva infraestructura, obtener mayor cantidad de fondos para la lucha contra el crimen y, sobre todo, tener más oportunidades para brindarle alivios contributivos al pueblo de Puerto Rico", señala la exposición de motivos.

"Es imprescindible que se ausculten todos los mecanismos posibles para asegurarnos de maximizar el por ciento de captación del IVU, así como de otros métodos de imposición contributiva", agrega.

 Mientras, la Resolución de la Cámara 85 decreta que la Comisión de Desarrollo Socioeconómico y Planificación indague en el proceso de otorgación de permisos, tras la implementación, en el 2009, de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos.

En la actualidad, aun con la reforma de permisos creada, Puerto Rico ocupa el lugar 152, entre 183 países, en el renglón de “facilidad en obtener permisos de construcción”, conforme al “Doing Business” del Banco Mundial, según presenta la exposición de motivos.

“Esta estadística refleja que nuestro esquema de permisos, el cual incide en el sector de desarrollo económico en general, continúa obstaculizando el desarrollo económico”, agrega el documento.

Igualmente, por medio de la Resolución 124, se dispuso que la Comisión de Hacienda realice un estudio sobre la situación fiscal del país, que incluya desde de los recaudos del Fondo General, la deuda pública, los estimados de ingresos y la financiación de proyectos con préstamos, hasta auscultar posible legislación que "liberalice o imponga contribuciones de cualquier tipo".

Asimismo, se aprobó la Resolución 151 para ordenar que se estudie la condición actual de la agricultura en la Isla, así como los recursos naturales y asuntos ambientales, esto sin limitarse al cumplimiento de las leyes y reglamentos relacionados con ese sector.

La exposición de motivos reconoce que “la agricultura es una de las áreas que al desarrollarse de la manera adecuada, puede ser una gran fuente de empleos” para el País.