Ante bonistas, constructores y contratistas congregados en el Caparra Country Club, en Guaynabo, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Miguel Torres Díaz, procuró calmar hoy, miércoles, diversas preocupaciones en torno al impacto de la Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno.

Miembros de este grupo empresarial, así como expertos en quiebras, fianzas de proyectos y legislación se reunieron con Torres Díaz para empaparse de los nuevos riesgos que enfrentan al entrar en relación contractual con el gobierno, ahora que está en vigor el citado estatuto, conocido también como la Ley 66.

Ademas, procuraron conocer como les afectará también la nueva Ley 71 para el Cumplimiento de las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas, también denominada "Ley de quiebra criolla". El titular del DTOP, por su parte, se centró en exaltar la importancia de la industria de la construcción y sus integrantes.

 “Esta es la industria nativa más importante que tiene Puerto Rico”, afirmó Torres Díaz, durante el almuerzo y foro convocado por el capítulo local de la Asociación de Contratistas Generales (ACG).

El asesor legal de la ACG, Hiram Morales, explicó que la iniciativa responde a que los mencionados estatutos no sólo afectan los términos y condiciones de empleo de los servidores públicos, sino que dan potestad a la rama ejecutiva para cambiarles a sus proveedores de servicio las reglas de juego por las que firmaron contratos.

“Los actos legislativos están retando un poco la certeza jurídica”, expuso Morales, quien destacó también durante su presentación que la situación se complica aún más porque la Ley 66 se firmó con cláusulas que declaran emergencia fiscal y le confieren supremacía sobre el resto de las leyes.

En tal sentido, planteó que mientras sigan surgiendo y dilucidándose pleitos federales y estatales que impugnan estos estatutos, muchas de las firmas y profesionales que dan servicios al gobierno en cualquier momento pueden recibir una carta que les notifique que no se le pagarán tarifas acordadas, sino inferiores.

“La única alternativa bajo la ley es ‘lo aceptas o lo aceptas’”, lamentó Morales, quien moderó el foro.

Morales, además, aludió a un inevitable tapón procesal que se producirá en la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) porque, al amparo de la Ley 66, se prohíbe a otras entidades públicas renovar, aumentar el costo o emitir nuevos contratos y cánones de arrendamiento, sin autorización de esa agencia supervisora.

Federalización en ACT

Torres Díaz, así como el director de la Autoridad de Carreteras (ACT), Javier Ramos, usaron sus turnos para detallar cómo están manteniendo a flote la ACT, sin tener que recurrir a la ley de recuperación, a la vez que aseguran servicios a los ciudadanos.

Torres Díaz afirmó que la sombrilla del DTOP implanta nuevas maneras de allegar fondos, ahorrar y reducir costos.

Pero estos objetivos, según dijo, van de la mano con reactivar planes y subastar nuevas obras para continuar aportando a la economía. Esto es posible, en gran medida, debido a un esfuerzo de sacarle el jugo a los fondos federales disponibles, afirmó el funcionario.

“Proyectos que llevan muchos años pendientes los estamos federalizando”, explicó, por su parte, Ramos.

Esto requiere abrir licitaciones para nuevos diseños, a fin de que cumplan con los nuevos estándares federales de seguridad vial, según el directivo de ACT.

Entre los proyectos con fondos federales en fase de diseño y de construcción se espera una inversión de más de $94 millones, según la presentación de la corporación pública.

“Tengan la certeza y la seguridad de que lo que contratos con nosotros van a ejecutarse y van a recibir el pago correspondiente, para que la banca y nuestros compañeros de la industria de seguros puedan garantizar eso para seguir contando con ustedes y tomar todas las medidas necesarias para la recuperación de la economía de Puerto Rico”, afirmó Torres Díaz.

AAA descarta aumento tarifario o quiebra

Por su parte, el ingeniero Alberto Lázaro, presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, quien también intervino en el foro de la ACG, defendió la recuperación fiscal de la corporación pública, a la vez que emprende mejoras de infraestructura y genera empleos.

“En el 2013 no usamos dinero del fondo general y no prevemos volver a hacerlo”, reafirmó en un aparte con este medio.

Además, rechazó de plano que el plan de mejorar ingresos y reducir gastos conlleve un aumento en las tarifas domésticas en el futuro cercano. 

A la vez, descartó que la AAA necesite o considere acogerse a la Ley 71, como podría hacerlo la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en un futuro.

Sin embargo, los datos provistos por Lázaro sobre independencia fiscal y mejoras subrayaron la ironía de que el mes pasado las casas acreditadoras principales, como Standard & Poor’s y Moody’s, degradaran al rango especulativo la deuda de la AAA, tal como hicieron con otras corporaciones públicas como la ACT y la AEE que tienen serios retos de liquidez.